
Debido a la implementación de la estrategia anti-huachicoleo del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, de diciembre de 2018 a febrero del 2019, 655 personas fueron presentadas al Ministerio Público por delitos relacionados al robo de hidrocarburos. Sin embargo, hoy en día sólo 10.9%, es decir, 72 se encuentran en prisión preventiva mientras son procesadas.
Los probables delincuentes quedaron exentos de esta medida cautelar, debido a fallas en el sistema de detención y falta de pruebas para su enjuiciamiento. Contrario a lo que declaró AMLO el 2 de febrero en su conferencia de prensa matutina, en la que se quejó por existir un sistema penal "blando" que apoyado por la ley laxa permitía que los huachicoleros quedaran en libertad.
Según documentos de transparencia obtenidos por el medio digital mexicano Animal Político, la mayoría de los relacionados a los delitos fueron liberados en el primer paso hacia su enjuiciamiento.
Después de haber sido detenidas, las personas fueron presentadas al Ministerio Público. Sin embargo, el 56.5% fueron dejadas en libertad porque el organismo dictaminó que no había pruebas suficientes y sólidas para vincularlos al crimen del huachicoleo.

En su primer acercamiento al sistema de justicia 370 casos no prosperaron. El resto fue enviado a la Fiscalía General de la República para que fueran procesados. Pero en esta segunda instancia la mayoría de las investigaciones tampoco se desenvolvieron de forma efectiva.
Los jueces aceptaron que de los 281 personas que lograron ser aceptadas por el Ministerio Público, 215 podían continuar con el procedimiento penal. Para este momento, sólo 33% del total de personas detenidas en un principio llegó al segundo paso del camino a la prisión preventiva.
Posteriormente, y a pesar de haberse establecido por ley la medida cautelar en la que los presuntos delincuentes se mantienen tras las rejas mientras se lleva a cabo su investigación, a 53 de los presentados ante la Fiscalía se les solicitó otras medidas como no salir del país o ir a firmar periódicamente al juzgado para probar que no se habían dado a la fuga.
Solamente 162 personas comenzaron el procedimiento para la prisión preventiva. Pero incluso en estos casos, también hubo fallas. Sólo con 11 individuos se presentó un dictamen para justificar las razones por las que el sujeto se mantendría privado de su libertad.

Esta medida es obligatoria de la ley para poder aprisionar a los involucrados en el delito, pero en 151 casos no se elaboró. Finalmente los jueces aceptaron la medida de prisión preventiva a 72 personas.
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