Los sindicatos podrían ser usados como armas políticas con la reforma laboral, advirtieron abogados

Por: Diana Zavala

La creación del nuevo órgano federal de conciliación y registro planteado en el artículo 590A de la reforma de la ley laboral, es una trampa de control político, comentaron representantes de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).

En conferencia de prensa en donde dieron su posicionamiento ante la ley que actualmente se discute en la Cámara de Senadores, explicaron que al darle al Ejecutivo todo el poder de autorizar, concesionar, registrar y llevar el control de los sindicatos del país, podría haber un retroceso y se vuelva a dar el sindicalismo corporativo.

"De todos los poderes de la unión este es el más politizado, por lo que al tener control de estos temas puede tener más fácil la tentación de utilizar a los sindicatos como un instrumento de poder político porque eso ha demostrado la historia de nuestro país", explicó Jorge Sales Boyoli, abogado laboral y coordinador del Comité de Derecho Laboral de la ANADE.

Y agregó que contraria los acuerdos internacionales de libertad sindical, ya que este nuevo órgano autorizaría a los sindicatos tener contratos colectivos, cuando la tendencia mundial es que no se deba tener consentimiento del Estado.

"Lo que plantea la reforma es concentrar en un solo organismo que depende directamente del Ejecutivo Federal ese registro de sindicatos y de contactos. Ahí vemos un riesgo desde el punto de vista jurídico en que dependa de una sola discusión el subir o bajar el "switch sindical" del país. Porque además no tendría ningún tipo de control o de contrapeso interno para que la toma de decisiones fuera objetiva y apegada a estrictamente a condiciones de derecho", dijo Adrian Ojeda Cuevas, abogado laboral y presidente de la ANADE.

En la actualidad dentro de las juntas de conciliación y arbitraje en sus niveles de competencia federal y local, hay en su estructura organismos una unidad encargada del registro de contratos colectivos y de asociaciones sindicales; es decir, está "diluida" la toma de decisiones, detalló Jaime Bustamante, Vicecoordinador del Comité de Derecho Laboral.

Para evitar la "trampa de control", como la denominan los miembros de la ANADE, proponen dos soluciones: transferir el órgano de control al poder judicial, o crear dentro de su estructura un consejo consultivo.

En el primer caso, consideran que habría más posibilidades de respeto a las libertades sindicales para no construirse un nuevo corporativismo sindical ejecutado por el poder Ejecutivo. En la segunda solución propuesta por la asociación se contempla que el consejo podría estar constituido por representantes de los sindicatos y los patrones empresariales "Un poco tener un órgano colegiado al que este centro federal de conciliación y registro sindical acudiera con un carácter consultivo", dijo Sánchez Boyoli.

Desde 1997 el régimen priísta que gobernó México por varios sexenios, utilizó a los sindicatos como parte de sus filas de aliados, dando beneficios a los líderes, a cambio de votos y apoyo en sus propuestas políticas.

Pero esta no es la única preocupación de los abogados de empresas. La falta de presupuesto y de tiempo, también son problemas con los que creen que se enfrenta la reforma.

"En los seis meses después de la aprobación de la reforma todas las juntas de conciliación del país deberían enviar su información al nuevo órgano federal. Aunque varios estados ya están avanzados en digitalizar los datos, hay otros que ni siquiera tienen computadoras", dijo Sánchez Boyoli. Por lo que el procedimiento se vería entorpecido.

Además, explicaron que actualmente en los organismos descentralizados hay alrededor de 450 mil quejas que tienen que desahogar. Hacerlo de manera apresurada podría provocar que los casos no se analizaran con profundidad y se podrían cometer errores en su dictaminación. Pero de no completarse los procesos, podrían anularse debido a que el procedimiento que se les planea dar es diferente al actual.

"Se faltaría al debido proceso porque en este momento el desahogo lo llevan comisiones tripartitas en donde hay un representante del gobierno, la empresa y el trabajador. En la nueva ley se estipula que sólo se encargaría un juez", explicó Jaime Bustamante.

Sin embargo, consideran que la ley es viable. Si se inyecta la cantidad de recursos necesarios que cualquier modificación a la estructura laboral del país requiere, y si se hacen las modificaciones que permitan tener mayor libertad sindical, coincidieron los miembros de la ANADE.