Líderes empresariales reclamaron que la invasión de pandillas en el sur de México les trae pérdidas diarias por 250 millones de pesos (USD 12,9 millones). Aseguraron que desde el año pasado empezaron a entrar masivamente y a disputar en la zona el control del narcomenudeo, robos y extorsiones en esta zona del país.
De acuerdo con informes previos de autoridades locales, desde hace un año ya existían quejas de empresarios que alertaban sobre la violencia y el temor despertado por las maras, misma que se intensificó desde octubre.
"Nuevamente estamos invadidos de maras, estas pandillas están en territorio nacional y nos están provocando graves problemas", dijo al periódico Reforma José Toriello Elorza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la Costa de Chiapas.
Una de las ciudades en las que se han registrado incidentes de violencia relacionados con la invasión de estas pandillas, principalmente la MS-13 y Barrio 18, es Tapachula, en el estado de Chiapas, donde durante la tercera semana de febrero se registraron seis asesinatos violentos.
Martha Beatriz Villaseñor, representante de los hoteleros del sur de Chiapas, señaló que entre noviembre y diciembre del año pasado, la ocupación hotelera en la zona alcanzó el 55% y en febrero se desplomó a 38 por ciento.
"No es sólo percepción, sí estamos viviendo una época de gran inseguridad. Creo que febrero ha sido el peor mes que Tapachula ha tenido en varios años", dijo a el diario.
El alcalde de Tapachula, Óscar Gurría Penagos, reconoció que existe un aumento en los índices de violencia "no puedo decir en qué medida, porque hay que ser honestos, de la gente que viene no todos son malos o delincuentes", expresó a Reforma.
Desde abril de 2018 distintos municipios en la frontera sur de México reportaron un aumento en la presencia de maras en el territorio, quienes se disputan principalmente la venta de drogas y la trata de personas.
El 19 de agosto fuerzas locales y federales detuvieron a 34 integrantes de estas pandillas, incluyendo uno de los líderes de Barrio 18.
Este enfrentamiento entre pandilleros ha dejado una estela de asesinatos que ha puesto en alerta a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en el sur de México.
Según información de la Fiscalía estatal, hasta agosto de 2018 habían sido detenidos 90 pandilleros de los dos bandos, aproximadamente.
La militarización y el cerco policial de la frontera entre Chiapas y Guatemala tiene como objetivo la captura y la desintegración de estas bandas antagónicas que emigraron de Centroamérica y han sentado sus bases en municipios como Tapachula, Suchiate y Huixtla.
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