Escenas del documental Las Libres: la historia después, de 2014
En el año 2006, Adriana Manzanarez, una mujer indígena del municipio Ayutla de los Libres, en el estado de Guerrero, resultó embarazada de su tercer hijo.
Años antes su marido se había ido hacia los Estados Unidos y ahora ella tenía una nueva pareja con la que no estaba casada. A los 7 meses de embarazo sufrió un parto prematuro por la muerte del bebé en su vientre, ante lo cual su padre la acusó ante la comisaría local por aborto y adulterio.
El aborto fue provocado por los golpes que recibió de quien era su pareja en combinación con el maltrato físico que también recibía del padre.
Su pueblo es uno de los tantos poblados indígenas que se rigen por la llamada Ley de Usos y Costumbres (ellos imponen sus leyes) por lo cual la asamblea popular la declaró culpable. Los habitantes de la comunidad la insultaron, apedrearon y escupieron para después ponerla a disposición del Ministerio Público.
Es así como Adriana Manzanares fue declarada culpable por el delito de homicidio en razón de parentesco (privar de la vida a un descendiente consanguíneo de línea directa) y sentenciada a 27 años de prisión, logrando que posteriormente se redujera a 22 años.
Tuvo que esperar hasta 2014 para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconsiderara el caso. Encontró irregularidades y ordenó su inmediata libertad.
Como Adriana, 3.900 mujeres han sido criminalizadas en México. Se les abrió un proceso penal entre el año 2000 y marzo de 2018 por haber interrumpido su embarazo, a pesar de que en México el aborto alcanza libertad bajo fianza y que existen excepciones en la ley que lo permiten, como en el caso de una violación o que esté en riesgo la vida de la madre. Pero aún existe un fuerte estigma hacia quienes recurren a esta práctica voluntaria o involuntariamente.
"El delito no debería existir", señaló a Infobae Verónica Cruz, directora de Las Libres, una organización de México que defiende los derechos de la mujer y que desde hace tiempo documenta los casos de criminalización por interrupción del embarazo.
Y que ahora respalda que la propuesta de amnistía a responsables de ciertos delitos, prometida por el próximo presidente de México, también aplique para las mujeres encarceladas por haber abortado.
Para la organización ha sido difícil rastrear el número de casos de mujeres encarceladas, ya que generalmente se los acusa de otros delitos, como homicidio o infanticidio, que no tienen derecho a fianza y sí son castigados severamente en el Código Penal con penas que pueden alcanzar hasta los 30 años de cárcel.
"Hay quienes tuvieron partos prematuros o emergencias obstétricas y terminan en prisión acusadas hasta por homicidio calificado", expresó.
Por ello señaló que la amnistía, en el caso de mujeres presas por interrupción del embarazo, debe contemplar también una reparación de daño económico y moral, ya que en el caso de quienes tienen hijos, se las alejó de su familia, se las acusó injustamente o se les fabricaron delitos que quedaron a interpretación del los doctores o enfermeras que las atendieron o del Ministerio Público.
"La mayoría de las mujeres en edad reproductiva pueden tener un aborto espontáneo sin darse cuenta, es cierto que la mayoría de personal médico da los servicios cuando llega una mujer con aborto espontáneo o inducido y le salvan la vida, el problema es que si les toca una enfermera o un médico que considera la interrupción del embarazo como delito, la van a reportar al Ministerio Público", aseguró.
"El Ministerio Público, dependiendo de lo que piense les puede levantar cargos por homicidio o infanticidio. Hemos documentado casos de mujeres en prisión, pero hasta hora es imposible saber cuántas son", agregó.
En un documental de la organización, llamado Las Libres: la historia después, se narra la historia de seis mujeres que fueron a prisión por haber interrumpido su embarazo, en el que narraron cómo en algunos casos fueron víctimas también de persecución.
Según los datos de la organización, la Ciudad de México -donde el aborto se permite hasta antes de las 13 semanas- es el lugar con más casos de criminalización en el país, con 958, seguida del estado de Baja California, con 531, y Veracruz, con 291.
El problema es más grave cuando las mujeres son pobres o en el caso de las indígenas, que no hablan el idioma y tampoco se les pone un traductor, pues terminan sin saber por qué están en la cárcel, como en el caso de Adriana Manzanarez.
Hasta ahora, la organización ha logrado sacar de prisión a un decena de mujeres que interrumpieron sus embarazos.
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