
El gobierno ecuatoriano anunció que destinará USD 2,5 millones para financiar proyectos de protección forestal en beneficio de las comunidades indígenas amazónicas. Según el anuncio, aproximadamente 300 mil personas de las 11 nacionalidades indígenas amazónicas del país se beneficiarán con proyectos de ecoturismo, conservación y protección de bosques primarios, educación ambiental, restauración y reforestación de ecosistemas alterados a través de la implementación del Plan de Acción REDD+, como parte del compromiso firmado entre el Ministerio del Ambiente de Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
Los recursos serán destinados a implementar todo un programa de medidas y acciones para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) en los territorios amazónicos de Ecuador. El proyecto tendrá una duración de 36 meses.
El anuncio se realizó durante un evento celebrado en la provincia amazónica de Pastaza, y que fue organizado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador, con la participación de más de 120 miembros de los pueblos y nacionalidades, así como representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y de la Confeniae.
Durante su intervención, el ministro de ambiente Gustavo Manrique enfatizó que el ecoturismo, la producción sustentable y la gran biodiversidad del país son la riqueza del Ecuador y que por eso celebra la suscripción de este acuerdo para trabajar colectivamente, en armonía con la transición ecológica, el desarrollo económico y la creación de fuentes de empleo. El secretario ambiental agregó que el trabajo conjunto entre comunidades, gobierno y organizaciones no gubernamentales empieza a rendir frutos.
La Confeniae es la organización que reúne a los pueblos indígenas de la región amazónica de Ecuador. En su estructura están representados 11 pueblos indígenas: Quichua, Quijos, Shuar, Achuar, Huaorani, Siona, Secoya, Shiwiar, Andoa, Záparo y Cofán.
La Confeniae es uno de los tres principales grupos regionales que conforman la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y además también forma parte de la Organización Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA).
Marlon Vargas, presidente de Confeniae, quien asistió a la firma del convenio, dijo que las futuras generaciones necesitan del agua y del oxígeno de la Amazonía, y que por eso es prioritaria la atención de las problemáticas medioambientales. Agregó que estos USD 2,5 millones hoy representan un hito y son el resultado de una fuerte cooperación entre el gobierno y los sectores indígenas amazónicos. “Sigamos trabajando de manera conjunta la Confeniae, el Gobierno y las autoridades de la provincia para alinearnos a la transición ecológica”, concluyó el dirigente indígena.
En la firma del convenio estuvieron presentes los presidentes de todas las nacionalidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana, así como el vicepresidente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, Tuntiak Katan.
Según estimaciones recientes, el 74% de los bosques del Ecuador se encuentran en la región amazónica, lo que corresponde a un área de 120.000 km2 en el oriente ecuatoriano que alberga a más de una decena de nacionalidades indígenas, el 8% de todas las especies animales y el 10% de las especies florales de todo planeta.
En un estudio científico de Cristian Vasco, Shirley Huerta Cruz, María Isabel Jaramillo, Rusbel Jaramillo y Estefanía Jácome, publicado en 2020 por la Revista de Ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Estado de Quevedo, se muestra cómo la Amazonía ecuatoriana, en las últimas décadas, ha experimentado uno de los procesos de deforestación más rápidos de la cuenca amazónica. Según estos investigadores la expansión de la frontera agrícola como los procesos migratorios humanos descontrolados son los principales motivos de la deforestación amazónica.
Esta es la primera vez que, a través del gobierno nacional, se entregan recursos para mitigar los efectos del cambio climático y que la implementación del plan corresponda directamente a las organizaciones indígenas locales.
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