El Procurador General de los Estados Unidos, William Barr, pidió a Facebook que postergue los planes para sumar una encriptación de extremo a extremo en todos sus servicios de mensajería, en un esfuerzo por obligar al gigante de las redes sociales a retrasar un cambio estratégico importante delineado por el Director Ejecutivo Mark Zuckerberg a principios de este año.
Apelando a la seguridad pública, Barr hizo esta solicitud a Facebook a través de una carta -firmada por sus homólogos británicos y australianos- pidiendo que habilite algún mecanismo para que las autoridades puedan acceder a mensajes encriptados con fines investigativos, informó The Wall Street Journal.
“Las empresas no pueden operar con impunidad mientras las vidas y la seguridad de nuestros hijos están en juego, y si el señor Zuckerberg realmente tiene un plan creíble para proteger a los más de dos mil millones de usuarios de Facebook, es hora de que nos haga saber de qué se trata”, dice la carta, a la que el diario estadounidense obtuvo acceso.
La aplicación WhatsApp, propiedad de Facebook, cuenta con una codificación de usuario a usuario, lo que significa que ni siquiera Facebook puede leer los mensajes. La compañía con sede en Menlo Park, California, planea extender esa protección a Messenger e Instagram Direct.
Si bien las agencias de seguridad desean contar con una manera de leer mensajes, similar a la intercepción de una conversación telefónica, expertos en el área advierten que dar a la policía tal acceso implica que el envío de mensajes sería más inseguro para todos.
Pese al impulso del Departamento de Justicia, no parece haber indicios de que legisladores republicanos o demócratas estén interesados en votar una ley para exigir a las compañías tecnológicas que permitan algún tipo de acceso gubernamental a las comunicaciones encriptadas.
Desde el punto de vista político y técnico se trata de una exigencia difícil, informó The Wall Street Journal, ya que varios comités del Congreso han estudiado el tema y han acordado en gran medida que no existe una forma clara de exigir el acceso sin incurrir en costos generales significativos para la seguridad cibernética, una opinión compartida por la mayoría de las empresas de tecnología y expertos en seguridad.
Con información de AP
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