Ecuador acelera el plan para que la gran industria produzca su propia electricidad antes del próximo estiaje

El Gobierno de Ecuador comenzó a supervisar el avance de los proyectos de autogeneración eléctrica que deberán desarrollar las empresas con mayor consumo de energía del país, una política diseñada para trasladar parte de la demanda desde la red nacional hacia instalaciones privadas y reforzar la capacidad del sistema antes de la siguiente temporada de estiaje.

La medida alcanza a los consumidores regulados conectados en alto voltaje, entre ellos industrias manufactureras, compañías mineras, cementeras, acerías y otras empresas cuya actividad requiere un elevado consumo de electricidad. Para este grupo, el Ejecutivo estableció la obligación de instalar sistemas capaces de abastecer parcial o totalmente sus operaciones, con un plazo que concluirá el 15 de diciembre de 2026.

La disposición fue incorporada mediante el Decreto Ejecutivo 32, expedido en junio de 2025, como parte del conjunto de reformas impulsadas tras la crisis energética que obligó a aplicar racionamientos de electricidad durante varios meses. El objetivo es disminuir la dependencia de la red pública en los segmentos de mayor demanda y liberar capacidad para el resto de usuarios cuando disminuya la generación hidroeléctrica.

A menos de cinco meses de que expire el plazo fijado por el decreto, el Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable ordenó a las empresas distribuidoras realizar un seguimiento individual de cada consumidor obligado a cumplir la medida. A través de un oficio emitido el 7 de julio, la cartera solicitó actualizar el registro de clientes de alto voltaje, verificar el estado de los proyectos de autogeneración y remitir informes periódicos sobre su avance.

La información deberá identificar qué empresas ya cuentan con infraestructura operativa, cuáles se encuentran ejecutando obras y cuáles permanecen todavía en etapas de planificación. Asimismo, las distribuidoras deberán recopilar los cronogramas previstos para la puesta en funcionamiento de cada sistema con el fin de evaluar si estarán listos antes de que concluya el periodo otorgado por el Gobierno.

La estrategia forma parte de un cambio en la planificación del sector eléctrico ecuatoriano. Históricamente, el abastecimiento de la industria dependió casi exclusivamente del Sistema Nacional Interconectado, alimentado principalmente por centrales hidroeléctricas. Sin embargo, la reducción de los caudales durante los periodos de sequía, sumada a las limitaciones del parque termoeléctrico y al crecimiento de la demanda, expuso la vulnerabilidad del modelo y llevó al Ejecutivo a impulsar mecanismos para diversificar las fuentes de generación.

Las empresas podrán desarrollar sus proyectos mediante distintas tecnologías, entre ellas plantas térmicas alimentadas con gas o diésel, sistemas de cogeneración, instalaciones solares fotovoltaicas u otras alternativas técnicamente viables para autoconsumo. La normativa no establece una fuente específica, pero exige que las instalaciones cumplan con las condiciones regulatorias y técnicas previstas para su conexión y operación.

De acuerdo con cifras difundidas por las autoridades del sector, Ecuador dispone actualmente de aproximadamente 500 megavatios de generación privada instalada, capacidad concentrada principalmente en grandes complejos industriales. El propósito del Gobierno es ampliar esa participación para reducir la carga que soporta la red nacional durante las horas de mayor consumo y fortalecer la disponibilidad de energía frente a eventuales déficits de generación.

La implementación de los nuevos sistemas supone inversiones en infraestructura eléctrica, adquisición de equipos, estudios técnicos, permisos y, en algunos casos, el aseguramiento del suministro de combustibles para las plantas térmicas. El tiempo requerido para completar esas etapas explica que parte de las empresas aún continúe desarrollando sus proyectos cuando el plazo legal entra en su recta final.

Hasta el momento, el Gobierno no ha informado cuántos consumidores de alto voltaje están sujetos a la obligación ni cuál es la potencia adicional que espera incorporar antes de diciembre. Tampoco ha divulgado un balance oficial sobre el nivel de cumplimiento alcanzado desde que el decreto entró en vigencia hace poco más de un año.

El catastro solicitado a las empresas distribuidoras permitirá construir ese diagnóstico y establecer cuántos proyectos estarán operativos antes del vencimiento del plazo. Con esa información, las autoridades buscan anticipar la capacidad de respaldo con la que contará el sistema eléctrico para afrontar el próximo estiaje, en un contexto en el que Ecuador continúa reforzando su infraestructura energética para evitar que se repitan los apagones que marcaron los últimos años.