El Gobierno de Estados Unidos encabezado por Donald Trump anunció una nueva política migratoria que dará otro revés a miles de migrantes que buscan asilo en ese país. A través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el presidente anunció que la nueva norma es una escalada que va ahora incluso contra los migrantes que hayan pasado la prueba de “miedo creíble”.
En lugar de seguir permitiéndoles esperar en EEUU por sus casos de inmigración, regresará a los indocumentados a México bajo el amparo del Programa de Protección de Migrantes (MPP) por más que hayan pasado dicha prueba.
El anuncio fue hecho por el director interino del DHS, Kevin McAleenan, durante una conferencia ante el Consejo de Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations).
“(Migrantes) que ahora están terminando el proceso de catch and release, si no tienen un reclamo de miedo creíble, serán deportados, pero si tienen un reclamo de miedo creíble, podrán esperar bajo el MPP en México, por lo que no se mantendrán en el lado estadounidense de la frontera”, explicó el director de DHS sobre las familias migrantes centroamericanas, de acuerdo con la cadena Univisión.
“Tampoco en los centros residenciales familiares, porque en este momento no podemos completar los procedimientos de inmigración en los 21 días que tenemos por orden judicial”, agregó, haciendo referencia al Acuerdo Judicial Flores de 1997.
De acuerdo con la agencia The Associated Press, la agencia gubernamental informó a finales del 2018 que el número de solicitantes de asilo que han pasado la entrevista de “miedo creíble” ha incrementado abrumadoramente. De aproximadamente 55.000 casos en el año anterior, subió en el 2018 a casi 100.000 casos en que el “miedo es creíble”.
La nueva norma anunciada por el director interino del DHS no aclara qué sucederá con los miles de migrantes que ya fueron entrevistados, demostraron un “temor razonable” y fueron liberados tras el pago de una fianza o les colocaron un grillete en el tobillo y esperan sus citas en las cortes de inmigración para que un juez decida sus futuros en Estados Unidos.
El motivo de la nueva norma, dijo McAleenan, es que en estos momentos el gobierno no puede “completar los procedimientos de inmigración en los 21 días” que se tienen por orden judicial.
El anuncio se da 12 días después de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del gobierno para que niegue solicitudes de asilo de migrantes que llegan por la frontera sur a través del territorio mexicano u otro país sin haber pedido protección en esos territorios.
McAleenan también dijo que a partir de la próxima semana espera “haber alcanzado otro hecho histórico. Con algunas excepciones médicas humanitarias, el DHS ya no liberará unidades familiares de las estaciones de la Patrulla Fronteriza al interior de Estados Unidos”.
“Esto significa que para las unidades familiares, que ha sido el mayor grupo demográfico que ha llegado a la frontera de EEUU este año, la práctica ordenada por la corte de capturar y liberar (catch and release) ha sido mitigada debido a la incapacidad del DHS de completar los procedimientos de inmigración para mantener bajo custodia a familias detenidas juntas. Este es un paso vital para restaurar el estado de derecho y la integridad de nuestro sistema de inmigración”, precisó.
Tras el fallo emitido el 11 de septiembre por la Corte Suprema, de permitirle al Gobierno negar asilos en la frontera a quienes cruzaron por un tercer país y no pidieron la protección en éste, organizaciones que ayudan a los migrantes al otro lado de la frontera fustigaron la decisión.
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