La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este miércoles la clausura de El Helicoide, el mayor centro de torturas de Venezuela y uno de los símbolos de la represión chavista denunciados reiteradamente por organismos internacionales.
La decisión fue adoptada en una sentencia que condenó al Estado venezolano por la detención arbitraria y los abusos sufridos por el estudiante Jorge Rojas tras una manifestación realizada en Caracas en 2003.
El tribunal estableció que la cúpula chavista deberá clausurar el centro de detención en un plazo máximo de 18 meses desde la notificación del fallo. Además, dispuso que las personas que actualmente permanecen recluidas en esas instalaciones sean trasladadas a otros establecimientos que garanticen condiciones compatibles con los estándares internacionales sobre integridad física, libertad personal y debido proceso.
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“La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide’”, señala la resolución. El fallo también ordena que cualquier traslado de detenidos se realice respetando las garantías previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La decisión representa uno de los pronunciamientos más severos emitidos por el sistema interamericano respecto de Venezuela. En su sentencia, los jueces señalaron que múltiples organismos nacionales e internacionales documentaron durante años denuncias de torturas, detenciones arbitrarias y tratos crueles dentro de ese centro de reclusión.
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La Corte destacó especialmente las conclusiones de distintos mecanismos de monitoreo de derechos humanos que identificaron un patrón persistente de abusos contra personas privadas de libertad. Entre ellos figura la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Según la sentencia, existen fundamentos suficientes para concluir que numerosos detenidos en El Helicoide fueron víctimas de torturas y otros tratos degradantes mientras permanecían bajo custodia estatal. El fallo atribuye esas violaciones a organismos de inteligencia venezolanos que operaban en el lugar.
El caso que dio origen a la condena internacional se remonta al 19 de septiembre de 2003, cuando Jorge Rojas fue arrestado durante una protesta desarrollada en la Plaza Francia de Altamira, uno de los principales puntos de concentración de las manifestaciones opositoras durante el gobierno de Hugo Chávez.
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Los magistrados concluyeron que las autoridades restringieron de manera indebida su participación en una protesta pacífica y vulneraron derechos relacionados con la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y la participación política.
La sentencia dedica una parte central a los abusos sufridos por Rojas durante su permanencia bajo custodia estatal. De acuerdo con las conclusiones de la Corte, el estudiante fue sometido a actos de tortura mientras permanecía detenido en El Helicoide.
“Fue objeto de actos de tortura, fue golpeado en distintas partes de su cuerpo, fue objeto de amenazas de violencia sexual, numerosos vejámenes, fue apuntado con armas de fuego, y objeto de simulacros de ejecución”, indica el fallo.
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La Corte sostuvo además que esas agresiones ocurrieron en un contexto de impunidad frente a denuncias similares registradas en ese mismo centro de detención. Los jueces señalaron que los responsables de los hechos nunca fueron investigados adecuadamente y que el régimen chavista incumplió su obligación de esclarecer lo ocurrido.
Tras su arresto, Rojas fue condenado en 2004 a cuatro años y seis meses de prisión por diversos delitos. Su defensa presentó recursos para impugnar la decisión, pero las instancias judiciales venezolanas mantuvieron la condena. Recién en 2009 se declaró extinguida su responsabilidad penal y se ordenó su libertad plena.
El Helicoide fue concebido originalmente en la década de 1950 como un complejo comercial y arquitectónico de gran escala, pero nunca llegó a cumplir esa función. Con el paso de los años fue ocupado por organismos estatales y terminó convertido en sede de los servicios de inteligencia.
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(Con información de EFE)
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