Estados Unidos niega conocer denuncias de presunto abuso sexual a niñas por un militar de ese país

Las denuncias sobre una presunta violencia sexual que están sufriendo las menores de edad entre los 7 y 15 años de edad de la comunidad indígena Nukak y Jim en el departamento del Guaviare, se volvió tendencia e hizo que diferentes autoridades se refirieran al tema.

Uno de los casos que más conmocionó a los colombianos fue el de una menor de 10 años de edad que fue abusada, al parecer, por un militar de los Estados Unidos, autoridades de este país se pronunciaron y aseguraron que no sabían ni conocen ninguna denuncia o proceso contra alguno de sus soldados.

Recordemos que en la denuncia hecha por el periodista, Gerardo Reyes, que trabaja para Univisión, el caso sucedió en el 2019 e incluso, señaló que la menor fue obligada a dar a luz, pero no pudo ejercer su maternidad debido a que por su edad no entendía ni asimiló el proceso.

Además, comentó que la violación por parte, aparentemente, de un extranjero fue luego de que naciera el menor producto de esta violencia, ya que sus rasgos eran diferentes a los de los locales y se confirmó con el testimonio de la víctima.

En el pronunciamiento que hizo un representante de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, citado por la W Radio, se hizo énfasis en que si estuvieran al tanto de la situación desde las autoridades norteamericanas se estaría moviendo el proceso.

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Por su parte, desde las autoridades de San José del Guaviare se confirmó que el caso si está abierto, pero que dicho proceso se estaría manejando desde Bogotá, donde no han dado razón alguna: “Desconozco si ha existido el apoyo, si se ha solicitado o no atendiendo que es un caso que no se adelanta desde la dirección, sino en una dirección que tiene sede en Bogotá con un director o la directora diferente a la suscrita”, anotó la juez de San José del Guaviare, Isabel León.

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Por ahora, desde las autoridades colombianas, la Procuraduría Regional pidió explicaciones a la seccional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, la Gobernación del Guaviare, la Defensoría del Pueblo regional, la Fiscalía regional, la Alcaldía de San José del Guaviare y la Comisaría de Familia. En este sentido, ordenó que se haga un informe sobre la situación en general de la niñez en la región y las dos problemáticas que se han denunciado, la violencia sexual a la que son expuestos y el consumo de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con las directrices, pide que se enumeren las estrategias para mitigar la explotación sexual de menores en el municipio, así como los resultados que han obtenido de ellos entre 2019 y 2022. Lo mismo con respecto al consumo de sustancias psicoactivas por parte de esta población vulnerable.

Además, pide directamente al ICBF que entreguen información sobre las metodologías que han usado para identificar factores de riesgo para los derechos fundamentales de los menores indígenas, nukak y jiw, así como los resultados de esas investigaciones.

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