Paramilitares asesinaron a 14 personas en el sur de Bolívar por orden de Carlos Castaño: el Consejo de Estado condenó a la nación por la masacre

Las víctimas de la masacre del municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar, que ocurrió en la noche del 8 de enero del año 1999, habían entablado una demanda contra el Ministerio de Defensa, porque las fuerzas armadas omitieron el pedido de auxilio de la comunidad, quienes veían como más de medio centenar de paramilitares llegaron al pueblo por el río Magdalena y le quitaron la vida unas 14 personas, además de cometer otros crímenes, como el secuestro.

El proceso iniciado por los familiares de los asesinados fue un recurso de reparación, donde le exigían al Estado que respondiera por la inasistencia de la Policía, Ejército, la Armada, y demás entidades que pudieron haber evitado la tragedia. De hecho, según algunos de los reportes, cuando los paramilitares se tomaron el pueblo, lo que hicieron fue acuartelarse en sus instalaciones.

Para entender un poco lo que reclaman las víctimas, hay que hacer un breve recuento de los hechos; según Rutas del Conflicto, sobre la media noche del 8 de enero de 1999, por orden directa de Carlos Castaño, un grupo de unos 60 paramilitares llegaron en lanchas al municipio. Los criminales se tomaron bares, billares y discotecas, donde comenzaron a escucharse disparos, costándoles así la vida a 14 personas, dejando varios heridos y secuestrando a otras tantas.

Calles oscuras, fallas en la comunicación y acuartelamiento, esto dijeron las fuerzas armadas

El magistrado Alberto Montaña fue quien llevó el curso de este caso, y determinó que la fuerza pública no tiene como argumentar esta omisión de sus funciones, pues hay registros que la Policía, la Armada y el Ejército recibieron los llamados de auxilio.

Según el registro, la Policía al notar la incursión, el comandante de la estación del municipio activó un plan de defensa, protegiendo solamente las instalaciones de la institución, supuestamente porque consideraban que eran guerrilleros que hostigarían a los uniformados. Hasta entradas horas de la madrugada pudieron notar que el ataque había sido perpetrado por paramilitares, esto mientras hacían el recuento de los muertos.

El Consejo de Estado también aseguró que la Armada recibió una llamada de auxilio, y aunque el comandante de la unidad ordenó el despliegue de la flotilla, no los dejó partir por que el río estaba muy oscuro:

Por parte del Ejército, según el fallo, ni siquiera contestaron los llamados, a tal punto que ni siquiera al alto tribunal le dieron respuestas o explicaciones de lo sucedido. La conclusión fue que injustificadamente abandonaron el casco urbano del municipio, justo cuando iban a llegar los paramilitares y regresaron una vez se consumó el crimen:

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