Didi, Uber e Indriver están en la mira del Ministerio TIC por presuntos delitos penales en Barranquilla

Las plataformas de transporte están en la lupa de las autoridades en la capital del Atlántico por falta de regulación de sus servicios

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Las plataformas que son ilegales
Las plataformas que son ilegales en Colombia, podrían ser sancionadas por falta de regulación". EFE/Ritchie B. Tongo/Archivo

El Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) solicitó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) poner en cintura a las plataformas ilegales de transporte que operan en la ciudad, por medio de una intervención a Didi, Uber e Indriver, tanto a sus operadores como a su servicio digital.

Actualmente, las aplicaciones que usan vehículos particulares para sus operaciones en todo el mundo circulan en Colombia de manera ilegal. Además, los usuarios que acceden a este servicio como trabajadores no siempre cuentan con la capacitación pertinente para ejercer de forma correcta la función que les compete.

Por ello, el AMB argumenta que la ciudad cuenta con un servicio de transporte público que es legislado, reglamentado y controlado por la administración del Gobierno local, y la utilización de servicios privados ilegales podrían infringir el artículo 425 del Código Penal que indica que los ciudadanos que incurran en la suplantación de las funciones públicas y en particular, sin la autorización del Estado, serían condenados a prisión por uno o dos años.

Sumado a eso, desde las directrices del AMB se advierte que no se trata de una persecución a las aplicaciones privadas de transporte, sino más bien un control que se pide debido a la falta de disposición legal, ya que estas no se encuentran bajo el marco de la ley.

“Defendemos la libertad de empresa, pero de manera legal, que nos permita garantizarle al ciudadano que, en caso de un accidente, estén cubiertos por las pólizas mínimas de responsabilidad, que ese prestador está autorizado y tiene una licencia que le permite prestar un servicio público, y que ese vehículo también cumple con la normatividad del transporte en Colombia”, afirmó Libardo García, director del AMB.

Esta no es la primera vez que se hace esta solicitud. En noviembre de este año, el gremio de taxistas, por medio de protestas. solicitó una reunión con el Gobierno para tratar este tema, pero no fueron atendidos.

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Así mismo, se hizo una petición especial para regular a los trabajadores que hacen uso de esta plataforma como trabajo informal, ya que se han presentado irregularidades en el comportamiento de algunos de los usuarios y esto atenta no solo contra la legalidad, también contra la seguridad de la ciudadanía.

“Solicitamos su apoyo para que, dentro del desarrollo de sus funciones y competencias, puedan regular normativamente las actividades realizadas por todas estas plataformas, de tal forma que solo los vehículos que cumplan con las condiciones establecidas en la ley puedan registrarse en las aplicaciones y, en caso de incumplimiento, establecer un régimen sancionatorio que incluya la imposición de multas a quienes infrinjan lo establecido”, agregó.

Dentro del marco legal del cual se promulga, cabe mencionar que en los próximos días será implementado el taxímetro en la ciudad de Barranquilla, la que será una medida histórica, ya que nunca antes se había implementado este sistema en el gremio taxista.

El proceso licitatorio, que se puso en marcha en el 2022, ya ha avanzado considerablemente. La implementación de este sistema, que pretende mejorar las condiciones de seguridad del pasajero a bordo, tener una tarifa justa para los usuarios y poder vigilar y controlar a los vehículos registrados, tendrá abierta la fase para la recepción de ofertas desde el próximo 16 de enero y la adjudicación está prevista para el 7 de febrero de 2023.

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