Dos policías más irán a juicio disciplinario por la muerte de Javier Ordóñez en 2020

Tras más de dos años de la muerte de Javier Ordóñez, otros dos policías que estuvieron presentes en su detención, fueron imputados por el Ministerio Público e irán a juicio disciplinario. Uno de ellos por uso desmedido de la fuerza y el otro por no impedir que sus compañeros adelantaran la golpiza que provocó la muerte de la víctima en Engativá.

Los nuevos imputados son el intendente Juan Gabriel Bohórquez Vanegas, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como comandante de patrulla de vigilancia del CAI Florida,; y el patrullero, Henry Alejandro Bonilla Bastidas, quien para la época de los hechos se desempeñaba como auxiliar de información del CAI Villa Luz, en Bogotá.

Bohórquez Vanegas, según la Procuraduría, se habría excedido en el uso de la fuerza cuando presuntamente y de manera intencional bajó violentamente a Ordóñez de la patrulla, cuando ya estaba reducido por la fuerza, esposado y atado de pies. Por su violencia, el detenido cayó de rodillas contra el pavimento.

El ente disciplinario sostiene, con base en las pruebas recaudadas, que al momento de descender de la patrulla Javier Ordóñez “ya estaba reducido y no se requería el uso de la fuerza por lo que no era necesario continuar con las agresiones o causarle más daño a su integridad ejerciendo mayor fuerza de la necesaria (…)”.

Bonilla Bastidas fue vinculado por el Ministerio Público a la investigación porque aunque se dio cuenta de la agresión, no hizo nada por evitarlo como era su deber. De acuerdo con el pliego de cargos, él se dio cuenta desde el momento en que llegó al CAI que Ordóñez tenía “graves lesiones en su cuerpo”.

Aún así no actuó de manera diligente para impedir que sus dos compañeros continuaran atentando contra la integridad de la víctimas. Según la Procuraduría, omitió su deber de protección a tal grado que “permitió que el Patrullero Lloreda Cubillos grabara los lamentos del señor Javier Humberto Ordoñez Bermúdez sin prestarle ninguna asistencia y sin siquiera verificar el estado de salud del ciudadano”.

Juan Camilo Lloreda Cubillos es el primer y único condenado por la muerte de Ordóñez. El patrullero firmó un preacuerdo con la Fiscalía para aceptar los delitos de homicidio agravado y tortura en contra del estudiante de derecho tras su detención en Engativá.

Junto con el patrullero del CAI Villa Luz, el otro principal señalado como responsable es Harvey Rodríguez, aunque este continúa alegando su inocencia y permanece en juicio. Ambos fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría por un término de 20 años.

El hecho se presentó en la madrugada del 9 de octubre de 2020 en Engativá. Los patrulleros detuvieron a Ordóñez, quien se encontraba bajo el efecto del alcohol, pero utilizaron exceso de fuerza, lo sometieron, lo golpearon, le aplicaron choques eléctricos con teaser y cuando lo llevaron al CAI continuaron la golpiza.

A causa de los golpes y maltratos, que quedaron registrados en video, Ordóñez falleció y llegó sin signos vitales a la Clínica Santa María del Lago. Tenía lesiones en el pecho, las costillas, la espalda, el ombligo, la cabeza, riñones y hasta esquirlas de balas en su pierna derecha.

De acuerdo con la nueva formulación de cargos de la Procuraduría, el patrullero Bonilla Bastidas a la 1:25 de la madrugada junto con otros dos policías ya habían advertido el mal estado de salud de Ordóñez, se comunicaron solicitando la patrulla urgente y apenas, al parecer, unos 10 minutos después falleció.

La muerte del estudiante de derecho generó una oleada de manifestaciones en Bogotá por parte de personas que rechazaron el abuso policial. Varios CAI fueron incendiados y al menos nueve personas fueron asesinadas durante los dos días que siguieron las protestas.

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