Colombiano será deportado de EE. UU. por usar el nombre y Seguro Social de un ciudadano local para sacar licencia y pasaporte en Florida: también votó

Un ciudadano colombiano fue sentenciado a tres años de prisión federal en Estados Unidos tras ser declarado culpable de múltiples delitos relacionados con el uso fraudulento de la identidad de un ciudadano estadounidense para obtener documentos oficiales y participar en procesos electorales.

La Fiscalía del Distrito Central de Florida informó que Carlos Felipe Jaramillo Grajales, de 55 años y residente de Jacksonville, deberá además enfrentar una orden de deportación que lo enviará de regreso a Colombia una vez cumpla su condena.

Según los documentos judiciales y la información presentada durante la audiencia de sentencia, Jaramillo Grajales utilizó el nombre, la fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense para solicitar y obtener un pasaporte.

Con la misma identidad falsa, solicitó y obtuvo una licencia de conducir en Florida y se registró para votar, participando en varias elecciones, detalló el comunicado por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Central de Florida

El caso detalla que Jaramillo Grajales obtuvo por primera vez una licencia de conducir a nombre de la persona suplantada en marzo de 2003, renovándola en ocasiones posteriores hasta la última renovación en febrero de 2024.

En abril de 2003, presentó una solicitud para un pasaporte estadounidense, identificándose como ciudadano del país y proporcionando un certificado de nacimiento de Puerto Rico a nombre de la víctima, junto con la licencia de conducir obtenida fraudulentamente.

Con estos documentos auténticos pero obtenidos de forma fraudulenta, se le concedió el pasaporte en mayo de ese año, renovándolo en 2013 y 2023.

En diciembre de 2010, Jaramillo Grajales completó una solicitud de registro de votante en Florida, pero mintió al asegurar que era ciudadano estadounidense y nacido en Puerto Rico, lo que le permitió votar en varias elecciones, incluida la de noviembre de 2020 en el condado de Duval.

La investigación también reveló que la mujer que posteriormente se convirtió en su esposa ingresó a Estados Unidos en 2003 con visa de visitante. Ambos contrajeron matrimonio y ella solicitó la residencia permanente y la ciudadanía como esposa de un supuesto ciudadano estadounidense.

Las solicitudes fueron aprobadas y la mujer obtuvo la ciudadanía en agosto de 2017, pero tiempo después la pareja se divorció en enero de 2020.

En mayo de 2024, Jaramillo Grajales viajó a Colombia bajo la identidad falsa. Su exesposa viajó a Colombia en junio de 2024 y solicitó una visa K-1 (de prometido) para Jaramillo Grajales bajo su nombre real, visa que fue aprobada y permitió su retorno a Estados Unidos.

Ambos se volvieron a casar en junio de 2025, y él solicitó la residencia permanente como cónyuge de una ciudadana estadounidense.

El fiscal federal Gregory W. Kehoe afirmó que las leyes de inmigración federales buscan salvaguardar las fronteras y proteger la integridad de las instituciones de gobierno, y dejó en claro que “aquellos que intenten eludir, explotar o violar estas leyes serán procesados en toda su extensión”.

Por su parte, el agente especial adjunto de Homeland Security Investigations en Jacksonville, Tim Hemker, calificó el caso como un ejemplo de explotación prolongada de una identidad robada para obtener documentos oficiales, beneficios y participar ilegalmente en procesos electorales.

“Esta condena demuestra que el robo de identidad, el fraude migratorio y el fraude contra la integridad de los sistemas del gobierno estadounidense serán investigados a fondo y procesados con el máximo rigor de la ley”, añadió el funcionario, en una clara advertencia para los connacionales, y como parte de las medidas que viene ejerciendo la administración del presidente Donald Trump.

La investigación estuvo a cargo de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado (DSS) y la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social.

Otra colombiana pasó 20 años viviendo en EE. UU. a punta de identificaciones falsas

El caso de Jaramillo Grajales trajo a colación una de las condenas más recordadas en los últimos años por actuaciones similares en ese país: el de la ciudadana colombiana Lina María Orovio Hernández, que también fue condenada en Estados Unidos tras comprobarse que vivió más de 20 años bajo una identidad robada, obteniendo beneficios federales por más de 400.000 dólares.

La hoy procesada también votó de manera ilegal en las elecciones presidenciales de 2024.

Según informó el Tribunal Federal de Boston, Orovio Hernández, de 59 años, utilizó documentos falsos para obtener una Real ID de Massachusetts, solicitó un pasaporte estadounidense y gestionó hasta nueve identificaciones estatales.

Durante ese tiempo, accedió a programas sociales como asistencia para el alquiler, beneficios por discapacidad y ayudas alimentarias, fondos que están destinados a personas de bajos ingresos, discapacitados y adultos mayores.

El jurado la declaró culpable de siete delitos federales, entre ellos falsa representación de un número de Seguro Social, declaración falsa en solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, recepción de dinero o propiedad gubernamental robada y voto fraudulento.

Las penas para estos cargos pueden variar entre cinco y diez años de prisión, multas de hasta 250.000 dólares por cada delito y periodos de libertad supervisada, además de una pena obligatoria de dos años para el cargo de robo de identidad agravado.

Orovio Hernández permanecía bajo custodia federal desde febrero de 2025, cuando fue acusada formalmente, y se encuentra a la espera de la condena definitiva, que podría incluir su deportación a Colombia tras cumplir la pena.