Procuraduría solicita al Ministerio de Salud “acciones inmediatas para evitar colapso en el sistema”

La Procuraduría General de la Nación hizo pública una carta dirigida a Carolina Corcho, ministra de Salud y Protección Social; José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda y Crédito Público; Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación y a Adriana María Robayo García, directora ejecutiva del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud.

En dicha misiva, el ente regulador advierte sobre un posible colapso en el sistema de salud por la falta de recursos en el desembolso que el Gobierno nacional gira a las Empresas Promotoras de Salud para atender a los colombianos. También, hace énfasis en la escasez de medicamentos, insumos y dispositivos médicos que ha impactado el acceso oportuno a la prestación de los servicios de los afiliados y beneficiarios en los regímenes contributivo y subsidiado de los colombianos en lo que lleva el 2022.

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Los principales factores que expone la Procuraduría Delegada para asuntos del Trabajo y la Seguridad Social son:

En primer lugar, la insuficiencia de recursos en la Unidad de Pago por Capitación, y su proyección para el 2023. Este es el valor del desembolso que el Gobierno Nacional gira a las Empresas Promotoras de Salud, EPS, para atender a los colombianos.

Aunque dichos recursos están por definirse, se han generado alertas sobre el futuro del sistema ante la posible desfinanciación a las EPS por la reforma a la salud que el Gobierno espera presentar en enero del 2023.

Actualmente, el Ministerio de Hacienda adelanta el cálculo del UPC para el próximo año, pero ante la incertidumbre por las declaraciones de la ministra Corcho sobre la eliminación de las EPS como intermediarios, la Procuraduría llamó la atención sobre el posible colapso en el sistema de atención para los colombianos.

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Otro de los puntos que generan alerta son los traslados forzosos por las liquidaciones de EPS intervenidas y el impacto a las que continúan en operación asumiendo la carga de seguir atendiendo usuarios que presentan enfermedades de alto costo.

En tercer lugar, la carta menciona los efectos del long-covid, lo que ha demandado una mayor frecuencia en el uso de los servicios de salud en el país.

También, se hace visible la preocupación por el déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022; pese a no estar incluidos en los Planes de Beneficios y ya estar reconocidos por el Gobierno.

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El último tema que preocupa al ente regulador, es la escasez de medicamentos e insumos y dispositivos médicos en el país para la atención de la población.

En una reunión realizada el 29 de noviembre de 2022, la Procuraduría General de la Nación, evidenció la problemática que se viene generando para crear una crisis sistémica que impacta directamente la sostenibilidad del sistema de Salud, lo que afectaría los derechos fundamentales de la población.

Respecto a las preocupaciones expuestas, la Procuraduría menciona que: ‘respetuosamente les solicito dar cumplimiento al Decreto 2562 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del MSPS, se crea Comisión Asesora y se dictan otras disposiciones”’.

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La Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, es la encargada de formular recomendaciones sobre el valor de la Unidad de Pago por Capitación de cada Régimen, así como los lineamientos para determinar la metodología para su cálculo.

La Comisión también es la encargada de formular recomendaciones sobre el valor por beneficio de los subsidios a la cotización en salud, sus beneficios y los mecanismos para hacer efectivo el subsidio.

La carta termina invitando al Gobierno Nacional y a la Comisión Asesora para que se continúe fortaleciendo el sistema de salud para seguir garantizando el derecho a la salud de los colombianos.

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