Atentado en la Brigada 30 de Cúcuta: juicio contra siete miembros del Ejército Nacional entra en la recta final

El 15 de junio de 2021 la Brigada 30 del Ejército Nacional fue blanco de la explosión de un carro bomba al interior de sus instalaciones. Diego Molano, ministro de Defensa en ese momento, informó así la noticia.

Con la intención de esclarecer lo sucedido, este viernes 11 de noviembre, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al coronel comandante de la brigada 30 de Cúcuta, Norte de Santander, Ilvar Orlando González Villamil, al coronel jefe del estado mayor y segundo comandante, Pedro María Vega Losada, al teniente coronel comandante Batallón BASPC 30 de la ciudad, Carlos Andrés Sarmiento.

La audiencia se realizará el próximo 24 de noviembre a partir de las 9:00 a. m., a fin de continuar con el juicio verbal que se les adelanta a estos oficiales por la presunta omisión en el control de ingreso a las instalaciones del cantón militar.

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Así mismo, fueron citados el mayor oficial de operaciones BASPC 30, Cesar Alexander Carrero Salcedo, sargento viceprimero comandante de Guardia Cantón Militar San Jorge, Mario Andrés López Roque y el cabo segundo de guardia, Oscar Leonel Pava Caviedes.

De acuerdo con la Procuraduría General, los militares investigados habrían omitido llevar a cabo los estrictos controles y evaluación de riesgos que, posiblemente, dieron lugar a que ingresara el vehículo con la carga explosiva en el que se perpetró el atentado terrorista a la brigada.

El comunicado del Ministerio Público resalta que la “conducta con la que posiblemente incumplieron con sus deberes funcionales, al momento de impartir las órdenes e instrucciones y llevar a cabo los respectivos registros, dio espacio para perpetrar el atentado”.

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Hay que recordar que el pasado 3 de noviembre, Aurelio Suárez, cabecilla de las disidencias de las Farc en Norte de Santander, aceptó su responsabilidad en el atentado contra la Brigada 30 del Ejército Nacional que dejó 44 heridos.

Suárez aceptó los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio en grado de tentativa, daño en bien ajeno; y fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Por su conducta, el guerrillero tendrá que pagar una condena de 30 años y 4 meses de prisión, además, deberá pagar una multa de 9.375 salarios mínimos mensuales legales así como cumplir una inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo.

En la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación también se conoció que este hombre estaba en contacto permanente con Jhon Mechas y Darwin, los máximos cabecillas de ese grupo ilegal, para planear actos violentos contra la fuerza pública y la población civil en Tibú y Cúcuta (Norte de Santander).

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