Gobierno realizó una nueva solicitud para extraditar a Aída Merlano desde Venezuela, confirmó el ministro de Justicia

Según Néstor Osuna, la Corte Suprema ya se le realizó el pedido al gobierno venezolano, labor que gestionará la cancillería y que espera la respuesta del vecino país, para que la excongresista responda por sus delitos en Colombia

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Minjusticia confirma la nueva orden de extradición en contra de Aida Merlano.
FOTO: Presidencia de la República
Minjusticia confirma la nueva orden de extradición en contra de Aida Merlano. FOTO: Presidencia de la República

La Corte Suprema de Justicia emitió una nueva condena en contra de la excongresista, Aida Merlano Rebolledo, de 5 años y 6 meses de prisión por exceder los límites de los gastos en campañas electorales. La Sala Especial de Primera Instancia emitió el fallo, donde se anexa la nueva solicitud de extradición en su contra. Recordemos que ella se encuentra bajo custodia del gobierno de Venezuela. La diligencia fue confirmada por el ministro de justicia, Néstor Osuna, que desconoce el tiempo que demoraría en hacerse efectivo el trámite, pues, aunque la decisión sea compartida al vecino país, su gobierno es que determinará como y cuando hacer efectivo dicho pedido.

Para poner un poco de contexto, el alto tribunal encontró que a través de un allanamiento en la casa de la sede de campaña de la exsenadora, más o menos a mediados del año 2018, encontraron soportes de giros y desembolsos de dinero, que al parecer pertenecían a Julio Eduardo y Mauricio Antonio Gerlein, que en otras ocasiones ya habían estado relacionados a la campaña de Merlano.

“La múltiple documentación incautada en la sede de la campaña política de Merlano Rebolledo acredita que los límites máximos legales fueron superados en exceso (...) Las operaciones estaban dirigidas a tener recursos para financiar la campaña, pues se realizaron en los primeros meses del año 2018, hasta antes del 11 de marzo, fecha de los comicios, lapso en el cual los hermanos GERLEIN ECHEVERRIA giraron 82 cheques por un total de $ 4.313.781.000″, expone la sentencia de la Corte.

Esto fue confirmado por el ministro de justicia, que en diálogo con Caracol Radio, explicó que el fallo y solicitud del alto tribunal se la presentará, al gobierno venezolano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, no obstante, el tiempo para hacerse efectivo esto es indeterminado, pues cada país tiene su propia normativa ejecutoria.

“La Corte Suprema de Justicia expidió una nueva solicitud de extradición, y el trámite que corresponde hacer es que la Corte Suprema nos informe, aunque oficialmente no se me ha notificado, pero, la solicitud ya está y se le pasará a la Cancillería, y la Cancillería lo pasa a la Cancillería venezolana. ¿Cómo es el trámite venezolano? no sé exactamente, pero, si fuera parecida a la normativa colombiana, lo que se haría es revisar que la Corte Suprema de Justicia evalúe las condiciones de identidad de la persona que es retenida, que el delito sea un delito aquí y también allá, se verificara que no haya pena de muerte en estos países, y cumplido esto se efectuaría, aunque la verdad no sé cuánto tarde por parte de las autoridades venezolanas y dependiendo de su intención, porque la extradición siempre tiene un componente de discrecionalidad del Estado que ha hecho el pedido de extradición, pues se otorgará la solicitud de traslado”.

Adicionalmente, reveló que se tumbará el artículo del proyecto que vulneraría la libertad de prensa, ya que pretendía usar a los medios de comunicación para hacer “pedagogía penitenciaria”, el cual daría cumplimiento a las órdenes de la Corte Constitucional en materia carcelaria.

Supuestamente lo que se buscaba con el proyecto era solucionar el problema del hacinamiento, abordando ejes como la resocialización y lo que se ha denominado como justicia restaurativa. Pero, sobre el controvertido artículo, se hace referencia a la Ley 30 de 1986, donde se obliga a los medios a hacer campañas para evitar la drogadicción y el tráfico de estupefacientes.

En palabras del funcionario, esto se eliminaría o modificaría, pues suscita a que el gobierno se inmiscuya e influya en los contenidos que se publican, por lo que sería un claro caso de censura, violando así la libertad de prensa.

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