Ministerio de Defensa no reparará a desplazadas de la Palma, Cundinamarca: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó este jueves 13 de octubre que el Ministerio de Defensa no deberá reparar a las víctimas de desplazamiento forzado del municipio de La Palma. Si bien las personas que han sufrido este flagelo por casi 20 años presentaron una demanda de reparación colectiva, la entidad no pudo probar el vínculo entre las Fuerzas Militares y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El caso se refiere específicamente al Bloque Cundinamarca de las AUC, cuyo comandante era el paramilitar Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila. De acuerdo con el diario El Espectador ―que conoció de forma exclusiva el fallo del tribunal― las víctimas afirmaban que había una relación entre el criminal y miembros del Ejército Nacional.

A pesar de eso, el tribunal aseguró que “no hay prueba de la participación de personal uniformado de las fuerzas militares en los delitos de desplazamiento forzado en dicho sector”. En contraste, las víctimas argumentaron que ante los tribunales de Justicia y Paz un desmovilizado de las autodefensas indicó que miembros del Ejército se hacían pasar por paramilitares para cometer crímenes.

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Si bien los desplazamientos forzados duraron entre el 2000 y 2017, el momento más crudo de la violencia fue en 2002, cuando se enfrentaba el Bloque Cundinamarca con las ahora extintas Farc para tomar el control del territorio. El 15 de septiembre de ese año una ola de campesinos tuvieron que dejar sus hogares por las torturas, desapariciones, violaciones y secuestros que registraban en la zona rural de La Palma.

Los constantes hostigamientos que sufrían hicieron que los desplazamientos fueran una práctica común por casi 20 años. Por esa razón, los demandantes señalaron que no habido una reparación integral de la población de La Palma y El Ejército al tener una supuesta responsabilidad, exigían que el Ministerio de Defensa les diera esa reparación. Según El Espectador, también alegaron que las Fuerzas Militares no solo fueron un actor armado, sino que no los protegió.

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Como se mencionó anteriormente, el tribunal determinó que no había pruebas de la participación de los miembros del Ejército en el desplazamiento forzado de la población. Asimismo, indicó que no habría una omisión por parte de la institución. “Fue posible probar que personal uniformado ha hecho presencia permanente en el municipio de La Palma durante los años donde se presentaron los hechos de violencia”, comentó El Espectador.

De esta forma, la responsabilidad del flagelo que atacó a la población de La Palma cayó en los hombros de las extintas Farc y de los paramilitares del Bloque Cundinamarca de las AUC. El medio de comunicación citado también precisó que el tribunal no encontró material probatorio para relacionar al Ejército con Luis Eduardo Cifuentes.

Cabe recordar que la Fiscalía General de la Nación llegó a documentar más de 200 casos de desplazamiento, 129 homicidios y 26 desapariciones forzadas por el Bloque Cundinamarca. Los hechos sucedieron entre 2001 y 2003 en seis municipios: La Palma, Yacopí, Puerto Salgar, Caparrapí, El Peñon y Topaipí.

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