El próximo lunes 10 de octubre la Corte Suprema de Justicia deberá responder la nueva petición de la Fiscalía General de la Nación que busca precluir el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos. El ente acusador aseguró que ha recopilado más material probatorio y este da cuenta de que no hay razones suficientes para seguir con la investigación en contra del líder del Centro Democrático y exjefe de Estado entre 2002 y 2010.
Se debe mencionar que varios sectores han cuestionado a la Fiscalía General de la Nación de Francisco Barbosa por supuestamente interceder a favor del expresidente Uribe o intentar hacerlo, uno de ellos fue el periodista Daniel Coronell, quien resaltó la actitud servicial con el acusado en el interrogatorio llevado a cabo por el ente acusador el 18 de julio de este año.
Allí el líder del Centro Democrático había indicado “Nunca tuve interés distinto en que se verificara la información que me llegaba. Nunca mi iniciativa fui ir a buscar testigos. Jamás se ha pasado por mi mente sobornarlos”. Otra de las afirmaciones del expresidente Uribe entre las más de 3 horas de interrogatorio fue que los pagos del autodenominado abogánster Diego Cadena al exparamilitar Carlos Enrique Vélez habían sido ‘ayudas humanitarias’.
El periodista Daniel Coronell indicó que el fiscal no preguntó por otras presuntas versiones que han circulado acerca de los pagos sino por el contrario finalizó la intervención con un servicial ‘gracias doctor’.
El ente de control el pasado 6 de septiembre había radicado la solicitud indicando a la Corte Suprema de Justicia que han recolectado los suficientes elementos para demostrar que el expresidente Uribe no ha cometido algún delito.
La situación judicial que vive Uribe inició en septiembre de 2020, cuando fue imputado por fraude procesal y soborno en actuación penal por la Corte Suprema de Justicia. Primero el expediente de Uribe estuvo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana; sin embargo, pasó a manos del togado César Reyes debido a que la primera fue subalterna del exjefe de Estado.
Reyes decidió continuar con la investigación y tras analizar el material probatorio impuso la medida de aseguramiento en la residencia del exmandatario, en su finca El Ubérrimo. En marzo de 2021, el fiscal Gabriel Jaimes solicitó que la investigación que adelantaba la Corte Suprema fuese precluida y desde entonces la jueza Ortiz se ha encargado del caso.
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