Francisco Barbosa habló de los escoltas de la Fiscalía para sus perros: “Esas mascotas son parte de mi familia”

Esta semana empezaron a circular detalles del que sería el mal uso que se le estaría dando a recursos entregados por parte de la UNP (Unidad Nacional de Protección) a funcionarios del gobierno. Fue en la revista Cambio que se publicó información acerca del exceso de recursos que se le había otorgado a María Fernanda Cabal y Francisco Barbosa. Mientras que la senadora tiene una camioneta que no usa, el fiscal general de la Nación moviliza a sus mascotas en uno de los vehículos que le fueron asignados para su seguridad.

El pasado miércoles 28 de septiembre, en medio de la polémica, Barbosa detalló, en una entrevista con RCN Radio, que “todos los debates sobre todos los fiscales generales en algún momento fueron temas de salud temas de Saludcoop, Odebrecht, grandes temas de corrupción y hoy los debates en Colombia son decir que el fiscal general tiene dos mascotas. Esas mascotas son parte de mi familia, de un entorno de protección que yo tengo, hacen parte del entorno de protección de mi familia”.

“Aquellos que critican al fiscal general, porque el fiscal general se sube en un carro y tiene a su mascota dentro del carro entonces, ¿qué hago con la mascota? ¿Qué hago con un ser vivo que hace parte también de mi entorno familiar? ¿Lo abandono? (...) no se usan los recursos de la Fiscalía para las mascotas. Pues hacen parte de la intimidad de mi familia para poder estar con la protección de esas mascotas”, comentó el fiscal al hablar de la columna hecha por Yohir Akerman.

“Yo no puedo considerar una mascota como si fuera un bien fungible que uno agarra patadas o que negocia, una mascota es más que eso y en eso quiero decirlo con mucha claridad: a mí me tienen sin cuidado esas discusiones, me generan hilaridad (...) Una de las personas más perseguidas por la criminalidad del país, es que tiene dos mascotas y que vieron a las mascotas caminando en un parque. Si le parece eso serio a alguien en este país verdaderamente estamos en el país al revés”, añadió y concluyó en su conversación con ese medio de comunicación.

Tal y como se mencionó previamente, por estos hechos no solo se vio involucrado Barbosa. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, también hizo parte del debate luego de que personas de su vecindario acusaran a la familia Lafaurie Cabal de tener una camioneta de la UNP, parqueada, sin usa. Cambio, medio de comunicación que también dio a conocer este caso, destacó que mientras estos carros son usados de maneras injustas o incorrectas, miles de personas que sí necesitan recursos de seguridad ven negadas sus solicitudes constantemente. Esto, sin contar que estos esquemas de seguridad son altamente costosos y pagados con los impuestos de la comunidad.

La Unidad Nacional de Protección calcula que entre julio de 2021 y julio de 2022, 36.365 personas del país solicitaron ser protegidas por esa entidad. Del total, solo 6.644 lograron acceder a ese beneficio. En Bogotá se hicieron 7.002 peticiones, mientras que en el Valle del Cauca fueron 3.007. En Norte de Santander hubo 2.236, y en Magdalena 1.790. Quienes más solicitan este servicio son líderes sociales, activistas, representantes de organizaciones de derechos humanos, servidores públicos y víctimas de violaciones de derechos humanos, agrega Cambio.

De la misma manera, miembros de misiones médicas y periodistas, han solicitado protección de las autoridades, por ejemplo, han sido 47 miembros de misiones médicas los que pidieron auxilio en Arauca y en Puerto Rico, Caquetá. Por el otro lado, han sido, desde julio del 2021 hasta el mes de julio del año en curso, 529 periodistas los que pidieron apoyo a la UNP, entre julio de 2021 y julio de 2022. Se le negó este recurso a 401 comunicadores.

Los costos para sostener un esquema de seguridad son altos, de acuerdo con cálculos hechos por esa revista. Un escolta, por ejemplo, le cuesta $7.044.667 a la UNP, al mes; mientras que el mantenimiento de un vehículo blindado alcanza los $11.991.872. Un vehículo sin blindaje puede llegar a valer $7.423.622 y una moto $2.500.000. A la lista de costos se suman bonos por buen servicio ($165.000), dotación ($135.600), seguros de vida ($43.870), teléfonos ($66.470), chalecos blindados ($43.870), armas de dotación ($110.469).

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