Se entregó en México el coronel Benjamín Núñez, acusado de ‘falsos positivos’ en Chochó

Este viernes 9 de septiembre, el consulado de la Ciudad de México —país al que había emprendido la huida— reportó que se entregó voluntariamente el coronel Benjamín Núñez, sindicado de haber participado en la tortura y asesinato de tres jóvenes el pasado 25 de julio, en el municipio de Chochó (Sucre).

Las muertes se registraron cuando los tres jóvenes presenciaban una carrera de motocicletas y de repente fueron abordados por efectivos de la Policía. De acuerdo con el testimonio de la hermana de Jesús David, varios patrulleros le pegaban patadas a su familiar y a los otros dos jóvenes en el operativo.

Según las necropsias, los jóvenes recibieron impactos de bala en el tórax a menos de 60 centímetros de su humanidad. Las otras heridas, dice el reporte, no tenían el propósito de causarles la muerte, pero sí de generar dolor intenso a los tres jóvenes.

Cabe recordar que Sergio Ramírez, el abogado defensor del coronel, había informado hace dos días que Núñez se entregaría a la justicia colombiana: “es importante que todos tengan conocimiento que, de manera segura y transparente, se presentará de manera voluntaria y se entregará a la autoridad competente esta semana”.

Ese anuncio se dio en la audiencia celebrada este miércoles para imputarle los cargos de homicidio y privación ilegal de la libertad al comandante operativo de la Policía en Sucre, quien está implicado junto con otros diez policías, todos ellos ya detenidos. Dicha diligencia fue infructuosa porque Núñez no se presentó. El juzgado, una vez suspendida la audiencia, dio la orden de emitir una nueva solicitud de imputación de cargos.

Además, se convirtió en un espectáculo bochornoso entre los abogados presentes: los fiscales reclamaban que el coronel llevaba tres semanas como fugitivo, con orden de captura y circular roja de Interpol. Ramírez había explicado durante la audiencia que Núñez había sido amenazado, junto con sus hijos, y se había ofrecido hasta 150 millones de pesos por su cabeza.

Con respecto a los otros imputados, cabe recordar que fueron enviados a la cárcel este miércoles 31 de agosto. La decisión fue tomada por una jueza con función de control de garantías de Sincelejo, misma que le imputó a los acusados los delitos de homicidio agravado, destrucción de elementos probatorios, privación ilegal de la libertad y tortura a los patrulleros que, en primera instancia, no aceptaron dichos cargos.

La togada también estimó que la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es proporcional, necesaria y adecuada para el caso. No lo decidió por ser un caso mediático, de interés nacional o de repercusiones de toda índole, sino porque es un caso aberrante, grave, triste y preocupante, donde tres jóvenes humildes, presuntamente, resultaron víctimas de tortura, privación de la libertad y homicidio.

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