Hidroituango: Consejo de Estado estudiará intento de EPM de zafarse de sanción ambiental

El Consejo de Estado informó que estudiará una demanda de las Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra una sanción que le impuso la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) por más de 5 mil millones de pesos, por infracciones ambientales cometidas en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango. Si el tribunal de lo contencioso administrativo decide fallar a favor de la empresa, este dinero tendrá que ser reintegrado.

Este viernes 9 de septiembre, la Alcaldía de Medellín anunció que el próximo mes entrará en funcionamiento la primera turbina de este proyecto que aportará al menos el 17 % de la energía a nivel nacional. No obstante, Hidroituango ha ganado una mala reputación por las afectaciones causadas a las comunidades que viven cerca de los cuerpos de agua; especialmente a los pescadores artesanales de la región.

La entidad ambiental consideró que, en el proceso de construcción, llenado y operación del proyecto, se incurrió en varias infracciones ambientales y decidió imponer esa multa. EPM demandó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia porque la ANLA había dado su visto bueno al proyecto y porque los impactos al ambiente habrían sido los mismos con o sin la construcción del túnel de desviación del río Cauca.

El juez de ese tribunal rechazó la demanda en julio pasado porque, aunque hay una relación contractual entre la empresa pública y el proyecto, la sanción no iba dirigida a EPM sino a Hidroituango, de modo que la empresa no podía demandar a su nombre. Los antioqueños decidieron apelar porque, claramente, había una relación contractual de la empresa pública con el proyecto y era razonable que EPM pudiera hacer parte de un proceso judicial sobre él.

El caso llegó a manos del Consejo de Estado, que reparó en que los demandantes arreglaron algunos problemas que tenía su texto y lo enviaron en los tiempos correspondientes. Además, le dieron la razón a EPM sobre su interés en demandar a título personal: no solo hicieron parte del proyecto, sino que pagaron la multa de su bolsillo. Por ello, tomaron la decisión de revocar el auto del Tribunal Administrativo de Antioquia y devolver el expediente a su Sala Cuarta de Oralidad, para que vuelva a estudiar la demanda.

La sanción que EPM está tratando de anular tiene que ver con la construcción del Sistema Auxiliar de Desviación (SAD) del proyecto. El SAD surgió en 2014 como una solución para recuperar el retraso de un año que tenía la desviación del río Cauca, dentro de la ejecución de Hidroituango.

De acuerdo con la ANLA, se confirmó que la sociedad inició la construcción del túnel de desviación del río Cauca sin solicitar la modificación de la licencia existente, que era un requisito necesario para dicha obra. El túnel colapsó y causó la emergencia en abril de 2018.

En una auditoría realizada al proceso de licenciamiento del proyecto, conocida en agosto de ese año, la Contraloría General confirmó un hallazgo administrativo, con presunta connotación disciplinaria y penal, por el comienzo de obras de la SAD sin el permiso ambiental requerido.

Tras hallar que este empezó a construirse trece meses antes de obtener la licencia, la ANLA formuló el cargo único contra la sociedad por haber iniciado las actividades relacionados con la SAD y su infraestructura asociada, sin haber tramitado y obtenido previamente la modificación de esta.

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