Ministerio de Ambiente exigirá licencia ambiental para contratista del Canal del Dique

El Canal del Dique es una bifurcación artificial del río Magdalena con la que, desde hace cerca de 70 años, se pretende facilitar la navegabilidad

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Durante su recorrido por el Atlántico, la ministra también señaló que el próximo martes debe instalarse el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Lucía, con presencia de todos los municipios aledaños al Canal del Dique. Exigió escuchar a las comunidades y trabajar para frenar la erosión
Durante su recorrido por el Atlántico, la ministra también señaló que el próximo martes debe instalarse el Puesto de Mando Unificado (PMU) en Santa Lucía, con presencia de todos los municipios aledaños al Canal del Dique. Exigió escuchar a las comunidades y trabajar para frenar la erosión

Por la preocupación ante las inundaciones y recientes amenazas de muerte a algunos habitantes de los municipios aledaños al Canal del Dique, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, participó hoy en la instalación de la Comisión Accidental de la Cámara de Representantes, en la que anunció que exigirá la licencia ambiental para el contratista de la Asociación Público-Privada (APP) del Canal del Dique.

Durante su recorrido por el Atlántico, la ministra señaló que:

“Desde el sector ambiental se va a incluir en los pliegos en discusión el requerimiento de licenciamiento ambiental para este proyecto. El licenciamiento ambiental, si se adjudica ahora o más adelante, significa que se hace estudio de impacto ambiental integral serio en toda la ecorregión, aquí integraremos el conocimiento de las comunidades”, aseguró Muhamad.

Asimismo, la jefe de la cartera de Ambiente pidió que se respete la memoria histórica del país, como también que se respondan urgentemente las denuncias de amenazas a líderes de las comunidades.

El Canal del Dique está conformado por ciénagas, humedales y tierras inundables. También colinda con cerca de 1,5 millones de habitantes de 18 municipios de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Sucre.

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El pasado 25 de marzo el Gobierno de Iván Duque abrió la licitación para las obras en el Canal del Dique, el proyecto pretende regular el ingreso de caudales al canal y mitigar el riesgo de inundación en áreas de influencia a lo largo de 115 km.

Este viernes 26 de agosto, cinco meses después, la ministra Susana Muhamad expresó que:

“Esto no solo es una obra civil, debemos incluir en la licitación la búsqueda de personas, porque allí hay parte de la verdad histórica. Es fundamental incluir en los términos de referencia del proyecto la realidad de la inhumación de las víctimas por la violencia. Es un deber, en ese sentido, que el proyecto sea una realidad y que contribuya a la verdad histórica de la violencia padecida en los territorios”, puntualizó Muhamad.

Algunos de los problemas que se presentan en la jurisdicción del Canal de Dique tienen relación con los altos niveles de sedimentación, inundaciones y filtraciones en el municipio de Santa Lucía (Atlántico) por el aumento en los niveles de agua, daños en ciénagas y amenazas a defensores ambientales.

Según la ministra Muhamad, el proyecto que se pretende adelantar en el canal no cuenta con el instrumento ambiental necesario. En su intervención exigió que se escuchara a la totalidad de los voceros de las comunidades que hicieron presencia en el municipio para participar en la instalación de la Comisión Accidental.

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Uno de los líderes que estuvo presente en la jornada fue Adil Meléndez, miembro de la comunidad y de la Alianza Canal del Dique, en el encuentro con el Gobierno nacional indicó: “Este proyecto no garantizó el derecho a la concertación y participación ambiental, no contempla intervenir ningún ecosistema y va a causar impactos en ecosistemas estratégicos”, afirmó.

En este mismo espacio, la ministra afirmó que los comentarios de la comunidad son la clave del conocimiento del territorio y de los impactos de la sedimentación en la pesca. “En el proceso de licenciamiento hoy en la norma, que pensamos transformar, la audiencia pública es algo opcional; si lo solicita la comunidad, si lo solicitan las autoridades, las audiencia públicas deben ser obligatorias”, concluyó la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

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