CRIC alerta que fue amenazado uno de sus consejeros mayores y alertan que otros líderes indígenas se encuentran en alto riesgo

La organización del Cauca denuncia que hay un escalamiento de la violencia en sus territorios, generando intimidaciones, desplazamientos forzados, estigmatizaciones y crímenes contra integrantes de comunidades de este departamento.

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Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca. Foto: Colprensa.
Indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca. Foto: Colprensa.

Por falta de presencia estatal en los territorios ancestrales de Cauca, las 139 autoridades indígenas del Consejo Regional de este departamento —CRIC— hicieron un llamado de advertencia, pues en esta zona del suroccidente colombiano la situación de violencia contra esta población ha escalado. De hecho, según cifras de Indepaz en su más reciente informe sobre la violencia territorial durante el gobierno de Iván Duque fueron asesinados 305 líderes indígenas en todo el país, y tras los llamados no solo de esta organización sino de instituciones como la Defensoría del Pueblo, la situación no mejora.

A través de un pronunciamiento conocido el domingo 14 de agosto, el organismo indígena alerta sobre las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario —DIH— que han cometido grupos armados ilegales en sus territorios. “Las actuaciones y posiciones de estos grupos armados de no aceptar nuestras propias dinámicas políticas, jurídicas, culturales y territoriales, son causas estructurales de la violación a los derechos fundamentales”, señalaron.

Asimismo, señalan que esas afectaciones sobre sus prácticas generan amenazas, perfilamientos, asesinatos, estigmatizaciones a las comunidades indígenas, desplazamientos forzados y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, “profundizando el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios en el Cauca”.

También advierten que a través de WhatsApp le llegan amenazas de muerte al consejero mayor del CRIC Alfonso Díaz Nene y a otras autoridades indígenas como Lorenzo Piamba y Ovidio Hurtado. Sumado a eso, la zona Sath Tama Kiwe emitió otro pronunciamiento donde denuncian la arremetida de actores armados en el municipio Caldono. En cuatro puntos exponen la crisis de derechos humanos en esta zona del país y, de paso, le piden al Gobierno nacional las garantías para la vida y ejercer sus liderazgos.

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Desde el pasado 10 de agosto han notado la presencia del Comando Coordinador de Occidente de las columnas móviles Jaime Martínez y Dagoberto Ramos de las extintas Farc, así como de uniformados del ELN. En el segundo punto expresan que este nuevo escenario de conflicto “hace parte de una cadena de amenazas y hechos sistemáticos, generalizados y extendidos, dirigidos a desplegar escenarios de guerra y muertes por la disputa del control territorial”.

Sumado a esto, los pueblos indígenas denuncian el lenguaje utilizado no solo para generar miedo, sino para estigmatizar a integrantes de la comunidad. “Tales señalamientos no son más que una estrategia beligerante para desestabilizar nuestra dinámica organizativa y el gobierno propio”.

Por último, indican que a pesar del Auto 004 de 2009 ―bajo el cual se amplía el marco de protección constitucional para la protección de 32 pueblos indígenas de Colombia, incluyendo el Nasa—, la salvaguarda de estos pueblos no es efectiva.

Hace varios días, el Consejo Regional Indígena del Cauca acogió el llamado del presidente Gustavo Petro de dialogar con el gremio azucarero, pues ahora deben dejar de pensar como oposición para sentar posturas de gobierno. Al respecto, el consejero mayor Edwin Capaz dijo que “nosotros tenemos nuestra forma de gobernar, pero estamos abiertos a cualquier diálogo, estamos convencidos que esto puede traer buenos frutos”. Esto se suma a las iniciativas de buscar paz en esta región donde no cesa la violencia.

Por ello, no solamente le hicieron un llamado al gobierno actual, sino a la comunidad internacional para acordar “acciones inmediatas frente a cualquier riesgo y que coadyuven en coordinación con la jurisdicción especial indígena a generar políticas de protección” y manifestaron estar contra cualquier acción de grupos legales e irregulares que vulneren los derechos humanos y atenten contra el Derecho Internacional Humanitario.

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