
76 bienes urbanos y rurales están listos para su comercialización y serán puestos en manos de quienes resulten favorecidos a través del proceso que adelante la Central de Inversiones S.A. (CISA), entidad con la que se tiene un contrato interadministrativo cuyo objeto principal es la subastas electrónicas, por medio de pujas. Luego de terminar el proceso, se realizará la formalización y la trasferencia de los bienes.
Un primer bloque de 34 bienes será subastado por un valor aproximado de 30.000 millones de pesos, que corresponde a lo planteado en dos comités de recomendación de activos en 2022.
“Estos bienes actualmente se encuentran disponibles para la recepción de ofertas en la página web de CISA y en la oferta inmobiliaria del Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV)”, señaló la entidad sobre la puja por estos inmuebles.
Después está un segundo bloque de 42 inmuebles, avaluados en 24.000 millones de pesos, que ya venía siendo comercializado por Central de Inversiones S.A.
“Este Fondo fue instituido en el artículo 54 de la Ley 975 de 2005 como una cuenta especial, sin personería jurídica, que se compone por todos los bienes y recursos que a cualquier título entreguen las personas o grupos armados y organizados ilegales, así mismo, por recursos provenientes del presupuesto nacional, por donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras y por las fuentes de financiación (artículo 177 de la Ley 1448 de 2011 prorrogada por la Ley 2078 del 8 de enero de 2021), teniendo como función principal liquidar y pagar las sentencias judiciales proferidas en los procesos de Justicia y Paz”, señala el comunicado sobre esta puja con el fin de reparar a la víctimas del conflicto bélico en Colombia.
No es la primera vez que se hace este tipo de subastas, ya que, como “resultado del avance de los procesos de justicia y paz” regularmente se decretan las medidas de extinción de dominio sobre varios bienes inmuebles, entre otros.
Inició la reparación de víctimas en Antioquia
La Unidad para las Víctimas está entregando, entre el pasado julio y agosto, 32.000 millones de pesos a 3.386 víctimas del conflicto armado en Antioquia. La entidad estatal aseguró que estas indemnizaciones “estarán orientadas para una adecuada inversión de lo recibido como medida de reparación por los múltiples delitos que sufrieron”.
Las reparaciones beneficiarán a la población afectada por desplazamiento forzado, homicidios y desaparición forzada, secuestros, lesiones personales y violencia sexual, entre otros hechos victimizantes causados por los grupos armados como guerrillas y autodefensas.
Wilson Córdoba Mena, el director de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, informó que “estos recursos son muy importantes para restablecer derechos y proyectos individuales y familiares que se afectaron por la violencia y, por eso, hay una oferta interinstitucional para que las personas indemnizadas puedan hacer una inversión adecuada”.
La Unidad para las Víctimas inició el pasado 27 de julio 33 jornadas de atención para la población residente en más de 50 municipios antioqueños, con el fin de que las personas afectadas pudieran recibir estos recursos.
Los primeros municipios en recibir esta atención fueron El Peñol, Marinilla, Alejandría, San Vicente, La Ceja, Santa Fe de Antioquia, Cocorná, Andes, Betulia, Urrao, Frontino y Cañasgordas. Durante toda la semana, las personas se podrán acercar al puesto instalado por la Unidad para las Víctimas y recibir su indemnización.
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