
Este viernes 15 de julio, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Alcaldía de Barranquilla, la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de la ciudad Triple A y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) presentar un informe detallado del estado actual de los planes de saneamiento y el manejo de vertimientos en los municipios del departamento del Atlántico, y alternativas para su eliminación a la altura del malecón del río.
El Ministerio Público le dio un plazo de diez días al alcalde Jaime Pumarejo; al gerente de la Triple A, Jairo de Castaño Peña; y al director general y subdirector de gestión ambiental de la CRA, Jesús León Insignares y Javier Restrepo, para entregar las respuestas a sus requerimientos con el propósito de conocer los avances en esta materia.
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Esta solicitud requerida por el Ministerio Público se presenta en cumplimiento de la función preventiva, a través de la procuradora judicial Ambiental y Agraria de Barranquilla, quien adelanta un seguimiento a los avances obtenidos desde el último trimestre de 2020 hasta el 30 de junio de 2022.
Así mismo, el Ministerio Público señaló que tiene el objetivo de vigilar a los encargados de asegurar el goce a un ambiente sano como derechos colectivos de las comunidades, garantizar el acceso y adecuada prestación de los servicios públicos en el departamento caribeño y verificar que se adopten la acciones y medidas desde sus competencias
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A mediados de junio, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico acudió al Embalse del Guájaro tras la denuncia presentada por el alcalde de Manatí sobre afectaciones derivadas, presuntamente, por el paso de vehículos y remolcadores que transitan por esta arteria, que surte a diferentes cuerpos acuíferos como el Canal del Dique. Esto estaría impactando la calidad del agua debido a que los conductores además de dejar su rastro, con manchas de combustible, estarían lavando los carros en este sector.
Todo empezó con una mancha de aceite que los habitantes del municipio notaron sobre el embalse, lo que encendió las alarmas de las autoridades y se le solicitó a la Corporación Regional del Atlántico, CRA, que inspeccionara la zona.
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El director de dicha entidad, Jesús León Insignares, envió un cuerpo de investigadores, ya que, en principio, hay una afectación directa a la actividad pesquera que se desarrolla en el embalse, además del consumo ordinario, lo que podría atentar con el sustento de los casi 2.500 pescadores que trabajan allí.
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