Mulitanacionales demandarían al Estado colombiano si no se adelantan los proyectos de ‘fracking’

De acuerdo con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, en lo país no habrá fracking durante su gestión como mandatario. Esta técnica de extradición de materiales consiste en inyectar agua a alta presión para generar fisuras en las rocas para la extracción de hidrocarburos.

Este anuncio del líder del Pacto Histórico se convertiría en un problema para las cuatro multinacionales petroleras que firmaron los contratos con el Estado colombiano, para el desarrollo comercial y experimental de crudo y gas en yacimientos no convencionales en Colombia. Estas son: ExxonMobil, con quien Ecopetrol realizará dos proyectos pilotos de Investigación Integral, en Puerto Wilches; Drummond Energy (con cuatro contratos), ConocoPhillips (con dos contratos) y Parex Resources (con un contrato), estas empresas alistarían su artillería jurídica, ante el hecho de que el nuevo gobierno anunció su veto al fracking.

Ante la posibilidad de una demanda por parte de las cuatro multinacionales, el actual ministro de Minas y Energía, Diego Mesa señaló:

El funcionario reiteró que uno de los activos más importantes del país, y del sector de hidrocarburos de Colombia, es la estabilidad jurídica, el respeto por los acuerdos contractuales y las reglas de juego claras, “pero si se llegan a revocar esos contratos de manera unilateral por el gobierno de turno, el Estado quedará muy débil en su defensa jurídica”, dijo.

A pesar las amenazas del ministro Mesa, hasta el momento, ninguna de las multinacionales con las que el Estado colombiano tiene contratos para el desarrollo de fracking se ha pronunciado al respecto, sin embargo, analistas del sector petrolero no dudan en afirmar que las demandas económicas serían millonarias.

Una de esas personas que especuló respecto a las futuras demandas fue Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, el empresario aseveró que:

Datos de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP) indican que el fracking le representaría unos ingresos fiscales al país por $1,5 billones anuales (solo en regalías US$2.500 millones) y un efecto multiplicador en impuestos locales asociados a la cadena de bienes y servicios.

“En una coyuntura como la actual, en la que la sostenibilidad fiscal de la Nación no está garantizada, los YNC representan una oportunidad para Colombia para generar los recursos requeridos para financiar los programas del Gobierno Nacional y el desarrollo social de los colombianos”, señaló Francisco José Lloreda, presidente de la ACP.

El líder gremial subrayó además, sobre las declaraciones del presidente electo en el sentido que durante su gobierno no se hará uso de la técnica del fracking. “Es su decisión y cuenta con los instrumentos para ejecutarlo, independiente de que sea o no conveniente. Pero al concluir su gobierno, y salvo una transición inteligente, el país va a estar en una situación muy crítica de reservas lo que podría llevar al siguiente gobierno a querer usar la técnica. Por eso, lo más responsable con la Nación es realizar los dos pilotos, para saber si esa técnica se puede adelantar de manera confiable”, dijo Lloreda.

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