Rodrigo Uprimny está de acuerdo con acabar la Procuraduría General de la Nación, como propuso Gustavo Petro

El investigador jurídico señaló que no solo era innecesaria, sino peligrosa para los funcionarios en ejercicio

El académico había propuesto el cierre de esa entidad desde hace tiempo.
El académico había propuesto el cierre de esa entidad desde hace tiempo.

A través de mensajes en su cuenta de Twitter, el prestigioso investigador jurídico Rodrigo Uprimny mencionó que le parece una buena idea suprimir la Procuraduría General de la Nación, como lo propuso este martes el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.

Entre otras cosas, Uprimny mencionó que la existencia de este ente regulador en particular no solo es innecesaria en este punto de la historia política del país, sino que su actividad puede ser peligrosa. Entonces, aseguró que la propuesta está bien orientada, pero debe definirse si se le hará una reforma radical o si se suprimirá del todo.

El jurista aprovechó la coyuntura para cobrar la idea de suprimir la Procuraduría, puesto que él ya había escrito al respecto en febrero de 2012 en su columna dominical para el diario El Espectador. En ese espacio de opinión, Uprimny había señalado que la Constitución Política de 1991 hizo redundante ese ente regulador. “La idea parecía loca pero creo que tenía razón”, escribió en su tuit.

“Sin suprimir la PGN, la Constitución de 1991 creó otras instituciones que pueden cumplir mejor las labores de la PGN, que se volvió una institución de control redundante, enredada y costosa, que no tiene equivalente en ningún otro ordenamiento constitucional”, escribió Uprimny en aquel entonces.

Uprimny recordó por qué la Constitución de 1991 mantuvo y amplió las competencias de la Procuraduría General de la Nación: por prestigio. Durante la presidencia del liberal Virgilio Barco (1986-1990), la figura de los procuradores cobró una importancia hasta heroica, en la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos, que en los años 80 se pagaba con la intranquilidad y hasta con la vida del funcionario.

Fue el caso de Carlos Jiménez Gómez, Carlos Mauro Hoyos —secuestrado y asesinado por Los Extraditables tras cuatro meses en el cargo— y Horacio Serpa Uribe, quien estuvo cerca de ser acribillado en un aeropuerto nacional por su trabajo.

“Era en la anterior Constitución la única entidad que podía hacerle contrapeso al presidente y podía investigar violaciones a los DDHH. Pero ya no es así”, anotó Uprimny.

Después, el investigador citó el caso de Alejandro Ordóñez como una prueba de que la existencia de la Procuraduría es peligrosa, porque “su facultad para suspender o destituir funcionarios, sin control judicial previo, se presta a persecución política”. Compartió otra columna escrita por él en octubre de 2013 en la que explicaba las consecuencias de aquello.

“El problema es que, por la congestión y morosidad de la justicia, esas revisiones judiciales son decididas muchísimos años después, cuando la carrera política o administrativa del funcionario ya ha sido irreversiblemente aniquilada. Y el procurador que impuso la sanción está tranquilo, dedicado a otros oficios”, escribió Uprimny.

Con todos esos argumentos, Uprimny recalcó que suprimir la Procuraduría “es buena opción, con traslado de sus recursos, funcionarios y algunas competencias a otras entidades. Pero también puede pensarse en achicarla radicalmente y precisar sus funciones”.

Añadió que, aunque está de acuerdo con la propuesta de Gustavo Petro, algunos de sus planteamientos sobre la Procuraduría no son precisos. Dos de ellos tienen que ver con la nueva reforma al Código Disciplinario que implementó la procuradora actual, Margarita Cabello Blanco, en el que la Procuraduría tiene atributos judiciales.

En primer lugar, recordó que no es estrictamente necesario suprimir la Procuraduría para cumplir el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquel que prohíbe destituir funcionarios elegidos por voto popular. “Basta quitarle algunas funciones disciplinarias”, aclaró.

Segundo, el hecho de que la Procuraduría ahora tenga ese poder en la legislación colombiana debería ser motivo suficiente para darle prioridad a la reforma de esa entidad.

“¿Por qué reforma sería cuando termine período de Cabello? Entiendo que es para evitar que se entienda como retaliación y eso es sano. Pero es necesario echar para atrás absurda reforma de Cabello de funciones judiciales en la Procuraduría”, propuso.

El último tuit de Uprimny tiene que ver con la idea de convertir a la Procuraduría en una superfiscalía anticorrupción. “Es ambigua. (...) Es un tema que requiere mucha mayor precisión”, concluyó.

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