Detectan robo de energía en condominio de Villa Campestre, en Puerto Colombia

La empresa Air-e en Atlántico, en compañía con las autoridades y el apoyo de técnicos especializados, realizó una exhaustiva revisión de todo su sistema, en el que se detectaron líneas directas diseñadas para evadir el pago real del consumo de energía.

En la búsqueda se detectaron 21 casos de robo evidente de energía en inmediaciones de la carrera 24 con la calle tercera en tres multifamiliares Caribe Campestre, Tower Club 1 y Plazuela del Mar.

Por otro lado, en zona rural de Galapa fueron detectadas fincas con transformadores ilegales, es decir, que no estaban detectados en el sistema la empresa de energía. El procedimiento se llevó a cabo en cuatro fincas cerca al corregimiento de Paluato: Pitayo, Monarca, Mirador y Enmanuel.

“Uno de los pilares en este proceso de transformación en la prestación del servicio de energía en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, es la lucha contra el robo de energía. Todos debemos entender que quienes hurtan la energía nos afecta en el orden de los 2.000 millones de pesos diarios; $60.000 millones mensuales, que podrían ser invertidos en más circuitos, en más subestaciones y una mejor calidad del servicio más rápido para nuestros usuarios. En Air-e estamos comprometidos con esta lucha”, sostuvo Ramiro Castilla Andrade, gerente de la empresa gerente de Air-e en el departamento del Atlántico.

Y agregó que “a partir de la denuncia de nuestros usuarios y luego el acompañamiento de la Policía Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, estamos decididos a seguir trabajando para reducir a quienes insisten en robar energía. El mensaje para ellos es que la compañía no va a desistir de identificarlos y actuar, para que las autoridades los individualicen y se establezcan las sanciones correspondientes que podrán ser hasta seis años de cárcel y 150 millones de pesos en una sanción”.

Según dijo Castilla Andrade, el delito de defraudación de fluidos está consagrado en el artículo 256 del Código Penal y establece penas hasta por seis años de prisión y multas hasta por 150 millones de pesos (150 salarios mínimos legales vigentes) por cada caso detectado.

Además, dijo: “El robo de energía afecta la calidad del servicio de energía, representa un latente atentado contra la vida y la integridad de las personas que la realizan. Así mismo, atenta contra la estabilidad financiera del prestador del servicio de energía y afecta económicamente a los usuarios. La invitación es hacer un uso formal, legal, racional del servicio de energía para de esa manera apoyar el proceso de transformación en la prestación del servicio.

Concluyó expresando que frente a las acciones desarrolladas, la empresa Air-e en el Atlántico, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación agradecen las denuncias que están siendo hechas por los ciudadanos que responsablemente sí pagan su consumo del servicio de energía, las cuales han ayudado a actuar de forma contundente y oportuna en contra de las personas que cometen este ilícito en perjuicio del resto de usuarios.

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