Solicitan medidas para garantizar el derecho a la educación de 140 mil beneficiarios del PAE en Magdalena

Con el propósito de que se garanticen los derechos de más de 140.000 beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Magdalena, la Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al gobernador de Bolívar y presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) en la región del Caribe, Vicente Antonio Blel Scaff.

El Ministerio Público solicitó al mandatario local adoptar las medidas pertinentes para evitar afectaciones a los niños, niñas, y adolescentes beneficiarios de este programa, que busca suministrar un suplemento alimentario en instituciones públicas del país, beneficiarios de esta estrategia de acceso y permanencia escolar, la cual ha presentado incumplimientos en todo el territorio nacional.

“En el marco de las competencias preventivas y de control de gestión referidas anteriormente, advertimos del riesgo inminente de que no se logren destinar los recursos necesarios a la alimentación escolar. El interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”, señaló el órgano de control.

A su vez, expresó su preocupación debido a que luego de cuatro meses de que fuera aprobado por la Gobernación de Magdalena el proyecto presentado para la implementación del PAE, el consejo de Planificación del Caribe (RAP) Caribe y de administración de la Región Administrativa, manifestó su negativa a dicha designación.

Asimismo, el órgano de control indicó que a comienzos de enero de este año el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también respondió negativamente a tal nominación del OCAD por no tener la competencia legal para ejecutar el programa.

“El Ministerio Público recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, solo busca evitar que se materialice el riesgo de que opere la liberación automática de los recursos, y con ello la desaparición del proyecto”, concluyó la Procuraduría.

El pasado marzo, la Contraloría denunció que en 11 entidades territoriales certificadas aún no se ha iniciado la alimentación escolar correspondiente, aún y cuando desde hace tres meses se iniciaron las clases de manera presencial.

El contralor delegado de participación ciudadana, Luis Carlos Pineda, aseguró que esa cifra se traduce en un millón de estudiantes en el país que no están recibiendo la alimentación escolares. “La responsabilidad de la prestación del servicio de alimentación escolar debe ser desde el primer día de calendario académico y durante toda su vigencia 2022. Es por eso que la Contraloría General de la República, desde sus competencias preventivas, realiza un especial seguimiento desde el año 2021, con el apoyo de las gerencias departamentales”, detalló Pineda.

De acuerdo con la Contraloría, Buenaventura, en el Valle, presenta un retraso en el inicio de operación de 70 días, la más alta de las demás zonas. En Neiva, Pitalito, Caquetá, Cesar, Córdoba, Cúcuta, Magdalena, Santa Marta, Sincelejo y Sucre, el retraso es de poco más de dos meses.

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