Procuraduría formula cargos a exgobernador de Amazonas por irregularidades en obras para indígenas

Por presuntas irregularidades en la construcción de un acueducto que beneficiaría a comunidades indígenas ubicadas en jurisdicción del municipio de Leticia, capital del departamento del Amazonas, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al exgobernador de este departamento selvático, Carlos Arturo Rodríguez Celis.

El Ministerio Público evidenció que la gobernación departamental habría reconocido el 92 % del valor del contrato, el cual tenía un presupuesto de $2.114 millones, a pesar de que las obras evidenciaban un atraso significativo, lo que condujo a la terminación unilateral de los trabajos por parte de la administración mientras se desempeñaba como gobernador Rodríguez Celis entre 2012 - 2015-

“El investigado no vigiló la correcta ejecución del contrato de obra que iba a llevar agua a tres comunidades indígenas del municipio de Leticia, no protegió los derechos de la Gobernación del Amazonas, ni mucho menos de la población indígena que debía beneficiarse con esta obra”, señaló el órgano de control.

En ese sentido, el Ministerio Público señaló que Rodríguez Celis vulneró los principios de responsabilidad de la función administrativa y de la contratación estatal, y moralidad pública, razón por la cual calificó esta conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo, a la vez señaló este proceso será remitido a la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, en el que continuará el trámite del expediente disciplinario.

El pasado marzo la Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos al alcalde de Acacías, Meta, Eduardo Cortés Trujillo, por presuntas irregularidades en su administración.

El Ministerio Público adelanta una investigación para establecer si el mandatario local delegó, de manera irregular, algunas funciones al interior de la administración municipal.

De acuerdo con la Procuraduría, el alcalde de Acacías, Meta, estaría envuelto en presuntas irregularidades en la expedición del Decreto N° 062 de 2020, mediante el cual delegó en el secretario Administrativo y Financiero la facultad de realizar movimientos presupuestales en el marco de la emergencia generada por la pandemia de covid-19.

Según informó el Ministerio Público, con esta investigación se busca establecer si el mandatario local cometió faltas al permitir que se redujeran las tarifas del impuesto predial en algunas zonas del municipio, entre otros movimientos financieros que se hicieron desde la Alcaldía de Acacías.

“El ente de control investiga contrarió el ordenamiento jurídico por delegar ilimitadamente funciones sobre las cuales existía expresa prohibición legal, como lo era reorientar las rentas y reducir las tarifas de impuestos territoriales, sin necesidad de aval por parte de las asambleas departamentales o concejos municipales”, dijo la Procuraduría este miércoles 9 de marzo.

La entidad aprovechó para recordar que esta potestad temporal otorgada a los mandatarios locales para realizar adiciones, modificaciones, traslados y otras operaciones presupuestales era una función indelegable.

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