Estado deberá indemnizar a Piedad Córdoba con millonaria suma por ‘chuzadas’, confirmó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

José Elver Muñoz Barrera, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, fue el ponente que declaró que los hechos denunciados por la entonces congresista Piedad Córdoba, sobre presuntas interceptaciones, realizadas por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, si fueron cometidos.

Según el fallo, el DAS había interceptado el teléfono de Córdoba y sus correos electrónicos; así como los de su familia, de manera ilegal. Agrega que, se habían utilizado esas interceptaciones para promover una campaña de desprestigio, estigmatización y persecución política.

presenta un apartado de la sentencia, de primera instancia.

Para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, es claro que el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, realizó requerimientos al Departamento Administrativo de Seguridad, relacionados con interceptaciones realizadas a Piedad Córdoba. También, exigía mantenerlos informados respecto a este “blanco político de gran interés para el Gobierno Nacional”, por ello, “los directores del DAS recopilaban, analizaban y enviaban información al alto gobierno, sin fundamento legal alguno”.

El litigio que se adelanta desde el 2011, tuvo un primer pronunciamiento por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el cual dictó sentencia condenatoria, de segunda instancia, en contra de los capitanes de la Armada Nacional, Jorge Alberto Lagos León y Fernando Alonso Tabares Molina; por realizar labores de recopilación de material grabado e inteligencia ilegal, realizadas en contra de la entonces senadora.

El 9 de agosto del mismo año se sentenció a Germán Villalba Chávez y Fabio Duarte Traslaviña por los delitos de: concierto agravado; violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores; además, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto en concurso sucesivo y homogéneo.

Entre 2005 y 2008 el DAS, realizó las denominadas operaciones Amazonas y Onix, donde según el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, fueron ordenadas por la presidencia de la república,

Piedad Córdoba, en su cuenta de Twitter, confirmó la condena, donde asegura que: “por chuzaDAS ilegales y campaña de desprestigio en mi contra. Entre otros, el tribunal los obliga a pedir disculpas públicas”. No obstante, el fallo no declara que el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, sea quien deba ofrecer dichas disculpas, petición hecha por la senadora.

El tribunal señala:

Dentro de la reparación, que ordena la sala, debe hacerle a Córdoba, está que el Estado deberá pagarle más de 100 millones de pesos, para la reparación de ella y su familia.

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