Aumentaron las violaciones grupales en la frontera con Venezuela, según el Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander

La seguridad en la frontera entre Venezuela y Colombia se ha venido agravando en los últimos años, producto de las malas relaciones políticas entre ambos países, la exacerbación de grupos armados y la pandemia. En los dos últimos años se han registrado masacres, enfrentamientos, asesinatos y múltiples violaciones de derechos humanos. De acuerdo con una denuncia del Observatorio de Asuntos de Género de Norte de Santander, esta violencia esta afectando de forma significativa a mujeres, niños y comunidad LGBT, mediante violencias basadas en genero como: violaciones colectivas, feminicidios, torturas y trata de personas con fines de explotación sexual.

“El control armado que ejercen sobre las trochas los grupos armados al margen de la ley, tiene un efecto directo sobre la vida y la integridad de las mujeres y comunidad LGBT, sobre todo porque estamos hablando de violaciones grupales y notamos un patrón de que hay mucho miedo de denunciar, porque no hay las condiciones de seguridad para que las víctimas puedan hablar”, señaló una delegada del Observatorio a Caracol Radio.

Y agregó que de todos los casos presentados solo el 22 % denuncia y el 14 % obtuvo ayuda medica, esto debido a que existen muchos centros de salud que no atienden a las víctimas por diferentes motivos como la falta de seguros médicos. Como consecuencia de la negligencia han muerto mujeres por las consecuencias que tienen este tipo de violencias en sus cuerpos.

En estos días Human Rights Watch -HRW-, también denunció que miembros de las fuerzas de seguridad de Venezuela habrían desarrollado operaciones conjuntas con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional en la disputa por el control de la frontera.

“Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, que han estado implicadas en violaciones de derechos humanos que han dado lugar a investigaciones internacionales sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, han realizado operaciones conjuntas con miembros del Eln y han sido cómplices de sus abusos”, se lee en el documento de la ONG, que además pide que se tomen las medidas necesarias pues las comunidades son las que están siendo afectadas por la violencia que se ha venido exacerbado en los últimos años.

Lo anterior como lo mencionó el ministro Diego Molano a El Tiempo, ratifica la hipótesis que tiene el Gobierno colombiano desde hace algún tiempo: “El informe de Human Rights Watch ratifica lo que el Gobierno Nacional ha afirmado: en Venezuela, en el estado de Apure, hay una connivencia entre las fuerzas militares bolivarianas y el Eln, asociado con la Segunda Marquetalia, para confrontar a las disidencias de las Farc por sistemas de rutas criminales”, anotó el funcionario del Gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, pese a que las afirmaciones de HRW y el Gobierno colombiano sobre las alianzas en la frontera coinciden, el informe de la ONG también lanzó una critica a las medidas tomadas por Colombia en los últimos años, pues pese a que han disminuido los grupos armados las medidas para atender a las poblaciones víctimas han sido ineficientes.

“Las autoridades colombianas deben evaluar urgentemente las necesidades humanitarias de quienes huyeron de Apure, y crear e implementar un plan de respuesta humanitaria para asistirlos. En Vichada deberían considerar decretar ‘estado de calamidad pública’, que con arreglo a la legislación colombiana permitiría la asignación de mayores recursos por parte del Gobierno para dar asistencia”, dice HRW.

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