Procuraduría cita al gobernador de Vichada por irregularidades en la firma de un contrato

La Procuraduría General de la Nación anunció que citará a audiencia al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, por presuntas irregularidades al suscribir un contrato de compraventa con uno de los financiadores de su campaña política.

El Ministerio Público formuló cargos contra el mandatario por el contrato celebrado entre la gobernación y Jorge Eliécer Forero Gaitán, quien durante la campaña política aportó donaciones por $40′000.000 de pesos en especie y en efectivo. El objeto del contrato en cuestión era adquirir mercados básicos en el marco de la pandemia por covid-19 por valor de $1.714′041.000.

El ente de control está por establecer la fecha de audiencia disciplinaria en contra de Álvaro León y provisionalmente, la Procuraduría calificó la falta como gravísima a título de dolo.

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Durante la audiencia se busca determinar si las actuaciones del gobernador violentaron el funcionamiento de la administración pública y conocer las razones por las que un aportante a la campaña habría resultado beneficiado a pesar de estar en curso un inhabilidad.

Terminada la etapa de instrucción, el expediente se remitirá a la Procuraduría Delegada para el Juzgamiento Disciplinario ante la cual el gobernador podrá presentar descargos, versión libre, y aportar o solicitar pruebas y alegatos, si lo estima pertinente.

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En 2019 resultó elegido gobernador de Vichada con 17.530 votos, equivalentes al 65,99 % de los sufragios, convirtiéndose así en el candidato con mayor votación obtenida en la historia del departamento.

Durante su campaña electoral se promovió como un “indígena que ha vivido con todas las dificultades y al cual le vida la ha enseñado a superar cada situación, basado en el esfuerzo, trabajo duro y voluntad”.

Segundo caso en su contra

Es importante señalar que el 28 de agosto de 2020, la Procuraduría sancionó al gobernador con la suspensión del cargo por el término de cuatro meses. La penalidad se registró por irregularidades en contrato para la entrega de mercados a población vulnerable, para atender la emergencia causada por el covid-19.

El Ministerio Público señaló que León Flórez omitió el cumplimiento de sus funciones al permitir que se suscribiera el contrato de compraventa N° 366 de 2020, sin verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos y con ello permitió sobrecostos superiores a los 300 millones de pesos, conducta con la que vulneró los principios de economía, planeación y responsabilidad, señaló la entidad.

Como informó el ente de control, “se pudo establecer que a cada mercado se adicionaron costos injustificados e inconvenientes, tales como impuestos municipales, embalaje, bodegaje, cargue y logística, lo que generó un sobrecosto de $312′103.470, como consecuencia de una deficiente planeación en la etapa precontractual”.

Para la Procuraduría, el gobernador no adelantó el control requerido a la actuación administrativa para disminuir o evitar los efectos negativos sobre el patrimonio público, dadas las condiciones especiales de emergencia económica, social y ecológica nacional.

Por este hecho también fue suspendido por el término de seis meses el técnico operativo de Compras y Suministros de la gobernación, Cicerón González García. En su caso, la Procuraduría lo halló responsable de no dar cumplimiento a las funciones asignadas, porque no estableció el costo razonable que debía pagar la administración para la adquisición de los bienes y servicios.

“Como técnico de compras no analizó, ni examinó las cotizaciones para obtener un costo real de cada mercado, que le permitiera validar los precios más favorables para la gobernación y evitar efectos negativos sobre el patrimonio público de la región”, concluyó el Ministerio Público.

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