Empresario español fue señalado de tener como esclavos a trabajadores colombianos en Guinea Ecuatorial

Una compañía de supermercados con sede en España y Guinea Ecuatorial se ha visto envuelta en un escándalo legal en días recientes. No solo se les acusa de haber modificado las fechas de vencimiento de sus productos para poder venderlos, sino que, además, se les señala de esclavizar a sus empleados. Ciudadanos colombianos estarían involucrados.

Fue la polémica de las fechas de caducidad la que llevó a que se descubriera esta nueva problemática que, al parecer, se estaría dando, y ha estado siendo denominada como esclavitud.

De acuerdo con lo que han detallado medios de comunicación locales, a los trabajadores se les estaría reteniendo sus pasaportes para obligarlos a quedarse.

La denuncia inicial fue hecha, a través de las redes sociales, por parte de Norberto Agustín Díaz, un extrabajador español de esa compañía. El hombre dejó en evidencia, gracias a videos, la forma en la que se llevaba a cabo el aparente fraude de las fechas de vida útil y aprovechable de los productos. Esto, por supuesto, generó un debate respecto a los riesgos que esto traía a la salud pública. En efecto, luego de las denuncias, las autoridades investigaron los hechos y, tras una inspección, hallaron los artefactos con los que se etiquetaban los productos con fechas modificadas y diferentes a las reales.

Se lograron capturar, entonces, a seis empleados: cinco ciudadanos colombianos y uno originario de la India. A las seis personas se les acusó de delitos en contra de la salud pública luego de “haber falsificado las fechas de caducidad de los productos que venden a la población”. Estos empleados, sin embargo, declararon que no actuaban solos, aseguraron que hacían aquellas labores por orden del hijo del dueño de la empresa, es decir, el español Raúl Hanna Mendoza.

Uno de los capturados es Estiven Rodríguez. El hombre, de acuerdo con testimonios recopilados por AhoraEG, y otros medios locales, aseguró no saber nada de lo que estaba pasando. “Yo como director de la empresa desconozco la existencia de estas máquinas. Los que adulteraban las fechas de los productos, lo hacían sin mi consentimiento”, recalcó.

Con el fin de aclarar esa información, el equipo periodístico de Diario Criterio habló con algunos de los colombianos que trabajaron para aquella compañía, y expuso varias situaciones. Uno de ellos, reconocido como Johan Hernando Piedrahíta, asegura haber llegado a Guinea Ecuatorial en el 2017, a la ciudad de Bata, específicamente.

“La oferta laboral me la hicieron a través de un correo electrónico. Solo tuve que enviarles copia del pasaporte y ellos me sacaron la visa y compraron los tiquetes”, dijo a ese medio de comunicación el hombre de 35 años. Confesó que aunque todo parecía estar en orden, le generaba desconfianza que le quitaran el acceso a su pasaporte. Sostuvo que estaría sin ese documento durante 18 meses, el tiempo mínimo que tenía que pasar allá, a la fuerza, pues de no cumplirlo, le dijeron que no recuperaría sus papeles de identificación. “Quienes se iban antes del tiempo estipulado, tenían que pagar de su bolsillo los tiquetes aéreos”, argumentó.

La empresa se defendió de las acusaciones y, a través de un comunicado dirigido a la opinión pública, aseguró que nunca “ha tenido problema alguno en el ejercicio de comercio con sus clientes no autoridades del ramo (...) son totalmente falsos, puesto que forman parte de una estrategia de chantaje, ya que días antes este exigía una entrega de una cierta cantidad para no publicar los video, o en su defecto, seguiría publicando otros, lo cual ha llevado a cabo ante la negativa de la empresa de aceptar el chantaje; lanzando así los videos en cuestión”.

“En relación a los pasaportes, nunca se ha retirado un pasaporte obligatoriamente, se les ofrece que depositen de manera voluntaria los mismos en la caja fuerte de la empresa como medida de seguridad ante robos y/o pérdida, la razón es que Colombia no tiene ni Consulado ni Embajada en Guinea Ecuatorial y la pérdida y/o robo del pasaporte puede conllevar muchas complicaciones con las autoridades locales. Nadie nunca podrá decir que no le ha sido entregado su pasaporte cuando lo ha solicitado y de esto pueden dar fe los actuales empleados y exempleados”, decía un correo enviado a Diario Criterio por parte de Raúl Hanna Mendoza.

El empresario Hanna Mendoza, de manera directa y a través de sus abogados, aseguró que recibió amenazas de parte de uno de sus exempleados, el cual, asegura, dio declaraciones falsas sobre él.

Adjuntó copia de las denuncias ante el Cuerpo Nacional de Policía de España contra el ex empleado, identificado como Norberto Agustín Díaz Martel (o Martínez), una del 8 de febrero de 2022, por el envío de mensajes amenazantes, videos con su imagen y comunicaciones a proveedores de la empresa con el propósito de dañar su reputación, y la segunda, el 10 de febrero de 2022, en la que se amplía la anterior, debido a que, asegura, persisten las amenazas desde una nueva línea telefónica, incluyendo el envío de imágenes de explosivos.

Finalmente, Raúl Hanna Mendoza y sus abogados insistieron en que no ha habido ningún proceso penal ni acusación legal en contra del señor Hanna Mendoza, su hijo o la empresa y adjuntaron certificaciones del Ministerio de Justicia de España según las cuales no registra antecedentes penales; es decir, que no ha sido condenado en ese país por ningún delito.

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