Defensoría alerta sobre el hacinamiento de más del 1.300 % en centros de detención en Bucaramanga

Con el propósito de buscar soluciones a la crisis sanitaria que actualmente se presenta en los centros de detención de Bucaramanga, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado este martes a la alcaldía de la capital de Santander y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para buscar soluciones integrales.

Así lo anunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, luego de adelantar una visita de verificación en las estaciones de Policía y centros penitenciarios del área metropolitana de Bucaramanga en la que evidenció un hacinamiento superior al 1.300 %, con dificultades en materia de alimentación y salud por parte de la población privada de la libertad.

“Según la verificación permanente que hacen nuestros funcionarios de la Regional Santander persiste un grave problema de hacinamiento que tienen los centros transitorios de detención que impide que la población privada de la libertad cuente con unas garantías mínimas en temas de salud y alimentación”, indicó el defensor del Pueblo.

A su vez, señaló que en la visita a diez estaciones de Policía, las cuales se llevaron a cabo por el equipo regional en las últimas semanas, se constataron las condiciones de salud, alimentación, servicios públicos, infraestructura, y acceso a la administración pública y de justicia, así como de la atención y recepción de las quejas de los detenidos, evidenciando las dificultades para el cumplimiento del fin resocializador de la pena.

De igual manera, la Defensoría hizo un llamado a la administración local y al Inpec a generar soluciones conjuntas que permitan solucionar los problemas que poseen las personas privadas de la libertad, considerando fundamental que se tomen medidas de fondo que permitan mejorar la calidad de vida de los reclusos en estos lugares.

“En nuestra visita de hoy a la estación de Policía Norte pudimos constatar un hacinamiento superior al 1.300%, una situación claramente vulneratoria de la dignidad humana, lo que se suma a los eventuales brotes de patologías contagiosas que ponen en riesgo la salud y la vida tanto de las personas privadas de la libertad como el personal custodio de la Policía Nacional”, indicó el defensor del Pueblo.

Esta situación fue ampliamente denunciada por la entidad durante el año anterior, con relación a las más de 50 visitas que adelantó la Defensoría en diferentes centros de detención en el territorio nacional, advirtiendo que la situación más grave se presenta en Bogotá, Cali y Valledupar, algunas de las capitales con mayor hacinamiento y en las que se presenta la mayor vulneración de los derechos de los reclusos.

Por otra parte, el funcionario se reunió con el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, con el propósito de analizar las rutas de atención que permita hacerle frente a los riesgos que enfrenta la población por cuenta del accionar de las bandas criminales y los grupos de delincuencia organizados.

“Los grupos delincuenciales organizados y las bandas criminales, ligados al negocio del narcotráfico y economías ilegales de impacto nacional, están amenazando la tranquilidad de los ciudadanos de Bucaramanga y su Área Metropolitana, al utilizar esta región para el lavado de activos y el tránsito, albergue u ocultamiento de sus integrantes”, concluyó Carlos Camargo.

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