Denuncian actuaciones irregulares del procurador en el caso de ‘narcofiscales’ de Cali

En febrero de 2021 estalló un escándalo al interior de la Fiscalía de Cali, que dejó a varios de los funcionarios salpicados. De acuerdo con las investigaciones, los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre estarían relacionados con el narcotraficante Jair Sánchez Hernández, alias ‘Mueble Fino’. Esta denuncia bastó para que fueran acusados de concierto para delinquir, amenazas a testigos, falso testimonio en calidad de determinadores, fraude procesal, prevaricato por omisión y cohecho propio.

Al día de hoy el proceso continúa su curso, pero no ha tenido grandes avances. Incluso, en las últimas noticias sobre este caso el 15 de enero, víctimas y defensores del caso advierten que las actuaciones del procurador 62 judicial asignado para ese proceso, son irregulares y sospechosas, de acuerdo con lo reportado por Noticias Caracol. En el proceso donde están involucrados diferentes funcionarios de la policía y la fiscalía, además de abogados, el procurador señala que todo es falso pese a las pruebas donde se exponen audios, documentos y testimonios de los relacionados que se han declarado culpables.

Por ejemplo, pese a que el abogado Héctor Alirio Rojas llegó a un preacuerdo con el ente acusador y confesó que coordinó pagos por $190 millones a fiscales de Cali para evitar la captura del hoy testigo protegido, el funcionario de la procuraduría señaló que no es suficiente y que eso nunca existió.

Frente a las acusaciones contra el procurador, que son apoyadas por diferentes personas al interior del proceso, este no se ha pronunciado ni ha hecho declaraciones al respecto.

No es la primera denuncia contra el proceso, pues la semana pasada Silvana Uribe, una de las fiscales que logró hacer público el entramado de corrupción que se estaba dando alrededor de ‘Mueble Fino’ y sus tratos con funcionarios de la institución, explicó que el proceso se ha dado con mucha lentitud y ha tenido muchas trabas en el camino, incluso, que los derechos de las víctimas no han sido reconocidos.

“Lo que ha pasado es que ya algunas decisiones corresponde a los jueces, en ese caso el juez de segunda instancia. Desconozco por qué no se le ha dado celeridad al caso pero si puedo manifestarle que a las víctimas se nos cercenó la participación en la audiencia, de tal manera que mi representante de víctimas, a través de una acción de tutela, tuvo que prácticamente obligar al juez de garantías que nos permitiera ejercer nuestro derechos”, anotó Uribe y agregó que pese a que no sabe de primera mano los criterios, pero denuncia que la Procuraduría ha cambiado de posturas jurídicas en varias ocasiones en esta caso.

Finalmente, señaló que se siente muy revictimizada con todo el caso y el proceso, pues su imagen se vio afectada y la relacionaron en una situación que daño su nombre pese a que se comprobó que todo era falso. Sumado a esto, que se depende de un testigo con dudosa reputación y que existen muchas más pruebas que no han podido ser relacionadas. Sin embargo, espera que se pueda terminar el proceso con un dictamen justo.

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