Cerca de 200 indígenas venezolanos han llegado a Puerto Carreño como desplazados tras combates en frontera

La violencia desatada desde hace varias semanas en Arauca ha producido temores y zozobra tanto en la población colombiana como venezolana, lo cual ha desatado una ola de desplazamientos entre las que se ha evidenciado la llegada de masiva de familias indígenas desde Venezuela al municipio de Puerto Carreño, tras el conflicto que viven en la frontera por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc se trasladaron al vecino país.

De acuerdo con un comunicado de la Defensoría del Pueblo, a la Inspección de Aceitico, en jurisdicción de Puerto Carreño, departamento de Vichada llegaron esta semana seis familias desplazadas en búsqueda de protección. De las cuales, la Defensoría ha atendido directamente a 54 personas desplazadas que llegaron a la ciudad y otros cerca de 150 indígenas sikuani.

Según información reportada por la comunidad, los grupos armados ilegales colombianos se están enfrentando en territorio venezolano y, por esta razón, más familias de ese país han abandonado sus casas y han huido a territorio colombiano y otras partes de Venezuela.

Ante los hechos, se desarrolló un consejo extraordinario de seguridad en Puerto Carreño en el que la Defensoría del Pueblo recordó que en marzo del año pasado emitió una alerta temprana sobre esta situación y pidió, nuevamente, acciones de las autoridades para proteger a las familias a las que les están vulnerando sus derechos a la vida, a la integridad personal, a no ser desplazado y a la libertad de residencia, entre otros.

El Defensor del Pueblo señaló que, al igual que en Arauca, en la comunidad fronteriza con el Vichada y los habitantes del lado venezolano persiste el temor por la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc, que luchan por el control de las actividades ilegales en la región.

En el encuentro con la comunidad afectada, el equipo de la entidad en territorio adelantó la búsqueda activa de población desplazada particularmente con las comunidades indígenas sikuani y encontraron que un total de 150 personas de 30 familias desplazadas se encuentran ubicadas a las orillas del Río Meta.

“Desde la Defensoría, con nuestro equipo en territorio, seguiremos brindando acompañamiento permanentemente a las comunidades que han sido desplazadas por el temor a resultar afectadas por las acciones de los grupos ilegales. También hemos venido coordinando y articulando la atención humanitaria de emergencia que se les debe brindar, desde la institucionalidad del Estado y con el apoyo de la comunidad internacional, para proteger sus derechos”, señaló el defensor Carlos Camargo.

Finalmente, reiteró el llamado a los grupos armados ilegales para respetar a la población civil, para que la mantengan al margen de sus actividades, para que no se recluten menores de edad y frenar toda acción que los obligue a dejar su territorio.

El conflicto en la frontera se debe a que los dos grupos guerrilleros, ELN y disidencias de las Farc, se disputan el control de narcotráfico que se da en la zona.

El ELN tiene un pie de fuerza de unos 2.500 rebeldes, según el centro de estudios independiente Indepaz. Por su parte, las disidencias de las Farc, tiene en sus filas unos 5.200 combatientes sin mando unificado, la mayoría (85%) nuevos reclutas que nunca estuvieron en la extinta guerrilla rebelde, según la misma fuente.

SEGUIR LEYENDO