Los puntos más destacados y polémicos de la nueva ley de seguridad ciudadana

El proyecto fue presentado por el Gobierno Nacional, pero los opositores consideran que atenta contra la protesta social y el aumento de practicas “paramilitares”

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La Policía está focalizando sus esfuerzos en el desarrollo de acciones contundentes contra los fenómenos delictivos en las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá y Fontibón. (Cortesía Policía).
La Policía está focalizando sus esfuerzos en el desarrollo de acciones contundentes contra los fenómenos delictivos en las localidades de Bosa, Kennedy, Engativá y Fontibón. (Cortesía Policía).

Tras salir de la Cámara de Representantes con apoyo mayoritario, el proyecto de seguridad ciudadana que radicó el gobierno de Iván Duque llegó este martes, 22 de diciembre, al Senado donde también recibió el respaldo de los congresistas, pese a las distintas advertencias de la oposición que señalan que estas modificaciones serán un riesgo para la protestas y van en contra de derechos ya consagrados en las leyes internacionales.

De acuerdo con el documento al que no se le modificó nada la norma tiene por objeto fortalecer la seguridad ciudadana, por medio de la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal; al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana; al Código de Extinción de Dominio, Regulación de Armas, elementos y dispositivos menos letales, sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística. Sin embargo, los opositores al documento señalan que el proyecto legitima “prácticas paramilitares y criminales”.

Por lo que para entender mejor el panorama a continuación señalaremos algunos de los puntos que han creado mayor polémica.

- Modificación de las penas de conductas como el daño en bien ajeno: como aseguró El Tiempo, en varios artículos de la iniciativa se crean sanciones y se aumentan castigos para quienes hayan cometido delitos como hurto o instigación a delinquir, y se endurecen las penas cuando, por ejemplo, “se empleen máscaras o elementos similares” o cuando las faltas sean cometidas con armas blancas. Además, el daño en bien ajeno, cuando se cometa en el transporte público, contra las instituciones al servicio de la seguridad ciudadana o infraestructura, o al servicio de la seguridad ciudadana o al servicio de la justicia, también se constituyan un agravante que no permita la excarcelación.

-Privatización de las cárceles: las entidades podrán acudir a servicios privados para la vigilancia y seguridad en los centros carcelarios, lo que los opositores consideran un riesgo en los procesos de jerarquización y una amenaza para el Inpec.

- Otro punto polémico es el que hace referencia al ‘traslado por protección’: una figura creada por el Código de Policía de 2016 que permite que una persona sea temporalmente llevada a un centro de paso si su vida e integridad o la de un tercero están en riesgo, ha cobrado relevancia en este mes y medio largo de manifestaciones.

-Uno de los más criticados es la regulación de armas: “dispositivos menos letales” y municiones. Para ello, se refuerza el registro que haya de este tipo de elementos, se imponen limitaciones para su adquisición y se regulan los permisos que dan las autoridades para el porte.

-Además, el texto también incluye modificaciones relacionadas con la legítima defensa y la proporcionalidad: pues no habrá responsabilidad penal cuando se ejerza para rechazar a alguien que intenta entrar a su habitación o dependencias inmediatas, propiedad comercial cerrada al público o vehículo ocupado. En esa línea, la iniciativa indica que si una persona intenta ingresar de manera violenta a los espacios ya mencionados, se puede ejercer la fuerza letal, para los que no están de acuerdo con esto, consideran que se legitiman las practicas paramilitares y por tanto se podría dar un aumento de violencia.

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