Fiscalía deja en firme acusación a Enrique Vives por homicidio con dolo eventual en el caso donde se le señala de arrollar a seis personas al conducir ebrio

Se mantendrá la imputación al empresario por el accidente en el que perecieron las seis personas embestidas y dejó con graves secuelas a un menor de edad en Santa Marta

La Fiscalía mantuvo los delitos de homicidio con dolo eventual y de tentativa de homicidio contra Enrique Vives Caballero. Foto: Archivo Infobae
La Fiscalía mantuvo los delitos de homicidio con dolo eventual y de tentativa de homicidio contra Enrique Vives Caballero. Foto: Archivo Infobae

El empresario y excandidato al consejo de Santa Marta, Enrique Vives, que el pasado 13 de septiembre embistió con su vehículo a siete personas en el sector de Gaira, luego de consumir licor y conducir en estado de embriaguez, seguirá siendo acusado por los delitos de homicidio con dolo eventual, por la muerte de seis de las personas que arrolló, y de tentativa de homicidio, en el caso del menor que está en recuperación tras el accidente.

En la emisora Caracol Radio informaron que la Fiscalía mantendrá en firme los delitos de la acusación, luego de que asegurarán que Vives conducía con un alto grado de ebriedad.

“Vives Caballero manejaba en estado tres de alicoramiento y con exceso de velocidad. (...) Cometió imprudencias graves, a pesar que era consciente de que ponía en riesgo su vida y la de otras personas”, citaron en el medio radial de lo que dijo el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos.

Entre tanto, en RCN Radio destacaron que uno de los apoderados de las víctimas, Rodrigo Martínez, consideró que en esta ocasión se estaba cumpliendo con los tiempos establecidos por la ley en este proceso judicial.

“La audiencia se llevó a cabo, la audiencia de acusación se cumplió con el formalismo, en ese orden de ideas ya quedó cumplido el trámite y se ha fijado el 20 de enero como trámite de la audiencia preparatoria”, anotaron en la emisora de lo que dijo Martínez al término de la audiencia.

Mientras que en la revista Semana recordaron que a la defensa de Vives se le señaló de revictimizar a las personas que fallecieron en el accidente, al argumentar que ellos se pusieron en riesgo al movilizarse por una vía principal, con señalización de advertencia y un puente peatonal contiguo.

Por este argumento, reseñaron también en la revista, un juez de conocimiento solicitó una investigación disciplinaria a la defensa del empresario por revictimizar y hacer señalamientos indolentes de las personas que fallecieron tras ser embestidas por el vehículo que conducía Vives.


Vives con medida de aseguramiento en su hogar

Desde el pasado 21 de noviembre, Vives permanece privado de la libertad en su vivienda en el sur de Santa Marta.

En RCN Radio informaron en su momento que el implicado fue trasladado por varios miembros del Instituto Nacional Penitenciario desde la cárcel La Ternera donde había sido recluido, hacia su casa, en el sector de Pozos Colorados. Allí lo esperaban sus familiares y amigos, quienes celebraron la decisión que le permitirá pasar la temporada de diciembre con sus seres queridos.

Mientras Vives se reunía con sus familiares después de dos meses recluido, los familiares de las víctimas volvieron al lugar donde murieron los seis jóvenes, bloquearon la Troncal del Caribe a la altura donde ocurrió el accidente, para realizar una protesta, pedir justicia y oponerse a la decisión judicial. Para ellos, el beneficio de casa por cárcel va en contra de la responsabilidad del implicado y fue adoptada por la posición social de Vives, un empresario y político de la costa.

El pasado 19 de noviembre, el Juzgado Tercero Penal del Circuito determinó que Vives debe ser juzgado por homicidio culposo agravado, contrario al de homicidio con dolo eventual en concurso homogéneo, delito que le imputó la Fiscalía, por lo que no se trató de un hecho intencional, sino un accidente de tránsito, por lo que podía otorgarse detención domiciliaria.

Este proceso se dio gracias a la solicitud de la defensa de Vives que presentó un recurso de apelación ante la sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Municipal de Control de Garantías y exigía que se tumbara la medida de aseguramiento en centro carcelario.


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