Congreso negó las objeciones presidenciales a ley que favorece a mujeres cabeza de hogar

Es la segunda vez que Iván Duque fracasa al oponerse a un proyecto legislativo, en el pasado, la misma corporación le hundió los reparos que le hizo a la Ley Estatutaria de la JEP

Vista general desde el interior del Capitolio Nacional, sede del Congreso colombiano hoy, en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Vista general desde el interior del Capitolio Nacional, sede del Congreso colombiano hoy, en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Este martes el Congreso de la República de Colombia rechazó las objeciones presidenciales que presentó el primer mandatario Iván Duque que buscaban archivar la ley que permite penas restaurativas para mujeres que hayan cometido delitos con penas menores a ocho años. Esta es la segunda vez que una proposición de objeción a una norma se le hunde a Iván Duque después de las que hizo a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al inicio de su mandato.

Aunque contaba con el apoyo del Centro Democrático y de algunas colectividades de derecha que argumentaban que la norma ‘legalizaría’ el microtráfico y motivaría a que se contraten más mujeres para cometer estos delitos, los votos a favor de que la Corte Constitucional sea la que determine si es o no constitucional llevar a cabo el proyecto.

Días antes la Cámara de Representantes había votado de la misma forma y este martes el Senado también rechazó las objeciones del presidente. “Acabamos de derrotar al Gobierno Nacional en el Senado de la República rechazando las objeciones que hizo el presidente contra el proyecto de ley que busca una sanción alternativa, de trabajo, de utilidad pública para las mujeres pobres cabeza de hogar que cometen delitos absolutamente menores, sin violencia y por primera vez”, celebró Rodrigo Lara, autor de la ley.

“Muy importante y es un gusto haber hecho equipo para sacar adelante este proyecto de ley, el siguiente paso será la Corte Constitucional, es la que tiene que dirimir porque como el Gobierno nacional nos objetó, el Congreso dijo ‘no señores, no hay inconstitucionalidad’, sigue la Corte y ojalá nos dé la razón”, señaló la representante Juanita Goebertus.

Basicamene el proyecto hace que las madres cabeza de hogar paguen sus condenas con servicio social no con prisión para así estar al lado de sus hijos, pero solo si no tienen antecedentes penales en los cinco años anteriores a la condena y esta no debe ser mayor a ocho años, además que no sea un riesgo para sus hijos o para un entorno cercano.

El proyecto fue aprobado en último debate el pasado mes de junio y Rodrigo Lara explicó que del porcentaje de mujeres que son madre cabeza de familia, el 54 por ciento son cuidadoras principales de sus hijos.

El 32 por ciento de estas mujeres manifestaron que sus hijos pasaron a vivir a otro hogar mientras estaban en la cárcel, el 79 por ciento sostuvo que estos desmejoraron su rendimiento académico mientras pagaban la pena, entre el 18 y 38 por ciento abandonaron sus estudios para trabajar o cuidar a sus hermanos y entre el 10 y 26 por ciento comenzaron a consumir alcohol y drogas.

El senador argumentó que este proyecto es muy importante en un país como Colombia, donde se ha alertado acerca del aumento de las mujeres que ingresan al sistema penal. Lara expuso un estudio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Universidad Javeriana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas de México en el que se indica que el total de las mujeres condenadas en el país, el 75 por ciento de ellas son madres de cabeza, y de ellas, el 53,4 por ciento han sido condenadas por delitos menores en los que habrían incurrido por sus condiciones de pobreza y vulnerabilidad y el 80 por ciento nunca había estado presa

Desde ese momento, el Centro Democrático advirtió que le pediría al presidente Iván Duque que objetara el proyecto, como finalmente pasó.

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