Armando Benedetti asegura que no volverá al Senado

La noticia fue apoyada por el líder de Colombia Humana, Gustavo Petro, quien aseguró que el senador “seguirá en el Pacto sin ser candidato y ayudará en este esfuerzo de unidad”

Senador Armando Benedetti. / Cortesía
Senador Armando Benedetti. / Cortesía

Esta semana el senador Armando Benedetti ha sido noticia, pues desde el lunes 25 de octubre la Fiscalía hizo una extinción de dominio en contra de su apartamento en Altos del Retiro, ubicado en el norte de Bogotá y en otras propiedades a su nombre; y pese a su defensa los tramites siguen su curso. Por lo que en un acto de protesta y desesperanza por su situación actual el político miembro de Pacto Histórico, anunció que ya no volverá al Senado.

Por medio de su cuenta de Twitter en un cortó y contundente mensaje, es 27 de octubre en las horas de la mañana, el representante dio la noticia a sus seguidores y aseguró que esperará que Gustavo Petro decida qué puesto ocupará dentro de la campaña del movimiento.

“Hoy he decidido no aspirar más al Senado. Me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando al Pacto Histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo.”, puntualizo el político.

Por su parte el precandidato presidencial, e pronunció y aseguró que “El Pacto Histórico es una confluencia de fuerzas diferentes que logran construir objetivos comunes hacia una transformación real de Colombia que garantice la convivencia nacional. Benedetti seguirá en el Pacto sin ser candidato y ayudará en este esfuerzo de unidad”.

Respecto a la extinción de dominio, la Fiscalía General de la Nación aseguró que todo se trata de una investigación adelantada en articulación con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que señala que aquel apartamento hace parte de bienes producto “de un presunto incremento patrimonial injustificado por parte del senador Armando Benedetti”.

“Información de la Dian permitió establecer que el congresista presentaría patrimonios por justificar correspondiente a 2009, 2014, 2016 y 2017. Se trataría de posibles maniobras fraudulentas por parte del senador para incorporar a su patrimonio, a través de una tercera persona, un bien de considerable valor el cual fue enajenado en proceso de subasta por la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes y que habrían ocasionado detrimento a la administración pública”, se lee en la comunicación.

Ante la noticia el senador y su defensa señalaron que las actuaciones que califican como arbitrarias y excesivas, se vienen presentando desde que el político anunció su vinculación al Pacto Histórico y su apoyo al precandidato presidencial Gustavo Petro.

Además, la defensa liderada por el abogado Miguel Del Río explicó que el proceder de la Fiscalía no es admisible porque la Ley 1708, que soporta los procesos de extinción de dominio, ha establecido que las medidas cautelares se dan cuando existe una eventualidad de urgencia o excepcionalidad. Esto significa que estas se imponen cuando existe la posibilidad de que el propietario oculte estos bienes o pueda realizar obras para engañar a la administración de justicia, hechos que no suceden porque, asegura el abogado, Benedetti está colaborando con la investigación.

Por otra parte, afirmó que los bienes embargados al político no tienen nada que ver con el proceso madre. Hay que recordar que los inmuebles incluidos en la medida cautelar expedida son tres: una casa en Barranquilla, una oficina que está en leasing y un apartamento en Altos del Retiro, ubicado al norte de Bogotá.

Este último inmueble es el que más llamó la atención de las autoridades, pues al parecer hay dudas respecto a cómo fue adquirido por la anterior dueña, identificada como Ruby Corredor Día. Al parecer la mujer no pudo justificar el origen de $1.600 millones para la compra de ese mismo apartamento que, antes de vendérselo a Benedetti, lo había adquirido mediante una subasta hecha por la por la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes. La Fiscalía le imputó a ella los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en 2009.


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