La exministra Karen Abudinen salió de Colombia, luego de ser llamada a declarar por la Corte Suprema de Justicia

En redes sociales circularon imágenes de la exjefe del ministerio de las TIC en el aeropuerto El Dorado. Los internautas cuestionaron si la exfuncionaria trataría de huir de la justicia

En la imagen, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, esperando a tomar un vuelo fuera de Colombia. Foto: Archivo particular
En la imagen, la exministra de las TIC, Karen Abudinen, en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, esperando a tomar un vuelo fuera de Colombia. Foto: Archivo particular

Luego de que la Corte Suprema de Justicia citará a declarar a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, el próximo 3 de noviembre, por la presunta pérdida de $70.000 millones de pesos del polémico contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y dicha cartera, este miércoles 20 de octubre circularon imágenes en redes sociales donde se ve a la exfuncionaria pública en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, a punto de tomar un vuelo fuera de Colombia.

El hecho causó revuelo en las redes sociales porque, pese a que la exministra no tiene un impedimento legal que no le permita dejar el país, muchos internautas aseguran que Abudinen se suma a la larga lista de exfuncionarios públicos que abandonan el territorio nacional con el fin de escapar de la justicia.

“Y se fue Karen Abudinen del país así como en su momento se fue el paramilitar Andrés Escobar a Miami. La mejor Fiscalía de América haciendo lo que mejor sabe hacer: NADA”, escribió un internauta a través de Twitter.

“Lo de Karen Abudinen es de no creer. La llaman a declarar y en unas horas ya está en el aeropuerto con maletas hechas”, trinó otra usuaria de la misma red, resaltando que, mientras la exministra viaja fuera del país, el dinero del polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados continúa embolatado.

Al respecto de la partida de Abudinen, otro usuario afirmó que “nadie puede hacer algo al respecto porque el sistema está diseñado para que roben y luego se vayan silbando. Este país NO tiene solución.”

Entre tanto, otro internautas cuestionaron si luego del viaje de la exfuncionaria del ministerio de las TIC, ya podía ser considerada como prófuga de la justicia colombiana.

Lo cierto es que, al parecer, según información obtenida por el medio KienyKe, la exministra habría viajado a la ciudad de Washington (Estados Unidos) por motivos personales. De hecho, el diario El Colombiano consultó directamente a Abudinen sobre su salida de Colombia, a lo que ella confirmó que era por asuntos privados.

“Mi salida del país es personal, como cualquier ciudadana”, indicó a El Colombiano, la exjefe del ministerio de las TIC.

Abudinen así mismo aclaró a ese diario que ella fue la que denunció la irregularidad en el millonario contrato de conectividad en 15 departamentos con la Unión Temporal Centros Poblados, y que en la cita de la Corte Suprema de Justicia estará en calidad de testigo.

Cabe recordar que la alta corte espera que la exministra explique, desde su versión, el rol que tuvo en la ejecución del contrato en el que están en juego $70.000 millones de pesos de un anticipo que se le hizo a Centros Poblados para llevar el servicio de internet a zonas rurales de Colombia.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no es la única que puso en su lupa el millonario contrato. Recientemente, la Contraloría General de la Nación anunció que iniciará una investigación sobre 234 contratos por un valor de $1,1 billones de pesos, que han realizado entidades estatales con socios de la Unión Temporal Centros Poblados.

Según detalló la entidad, firmas como Novotic, Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS e Intec de la Costa serán revisadas durante la investigación. De hecho, de acuerdo con la Contraloría, Novotic (antes Funtics), ya afronta un proceso de responsabilidad fiscal por alrededor de $12.000 millones de pesos.

Al respecto de la investigación, el vicecontralor general, Julián Ruiz, afirmó que se trata de una acción oportuna y eficiente por parte del órgano de control fiscal. “No hablaría de persecución cuando a día de hoy tenemos presuntamente un detrimento de $70.000 millones para todos los colombianos”, manifestó Ruiz.


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