Fallo de la Contraloría por detrimento en Hidroituango podría afectar la situación energética del país: Sindicato de EPM

Durante el foro que se realizó el pasado 30 de septiembre, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), alertó sobre una posible crisis energética a nivel nacional.

Según el gremio, si se presentan más demoras en la operación de Hidtoituango se daría un desabastecimiento del servicio eléctrico en el país, a lo que se suma, la espera en el desarrollo de otros proyectos energéticos nacionales.

“¿De qué depende para que no haya un desabastecimiento? Depende de muchas cosas de manera simultánea. De que no se atrase, no solamente el proyecto de Hidroituango, sino otros proyectos de los cuales estaríamos dependiendo, para lograr el balance. Dependeríamos, que además, se adelanten otros proyectos”, afirmó la directora de Asoenergía, Sandra Fonseca.

Pues este 3 de octubre, por medio de un comunicado de prensa, el sindicato de EPM se refirió al riesgo que podría presentar la seguridad en la oferta de energía en el territorio nacional. En concreto, el gremio le solicitó a la Contraloría tener en cuenta este posible escenario a pocos días que se conozca el fallo en segunda instancia del ente de control por el detrimento en Hidroituango.

“Un eventual cambio demoraría entre seis y doce meses. Este retraso supondría mayores costos, nuevas multas, relevo de personal técnico y la solicitud de prepago de la deuda que por cerca de $22 billones tiene EPM con el BID y otras entidades, lo que pondría en riesgo la seguridad energética del país y la supervivencia de EPM”, se lee en el documento.

En el fallo de primera instancia de responsabilidad fiscal, conocido el pasado 6 de septiembre, por $4,3 billones, el ente de control señaló que 26 empresas y particulares serían responsables fiscales. En un documento de 2.511 páginas, la Contraloría explicó que dentro del proyecto hubo varios hechos “que contribuyeron a poner en una situación de vulnerabilidad el proyecto y que finalmente desencadenaron en la contingencia de 2018″.

Entre algunos de los responsables de este detrimento fiscal están los exgobernadores de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero y Sergio Fajardo, así como los los exgerentes del IDEA, Álvaro Vásquez Osorio e Iván Mauricio Pérez Salazar. En cuanto a las empresas señaladas están: Integral S.A., Integral Ingeniería de Supervisión S.A.S., Construcciones Comercio Camargo Correa S.A., Constructora Conconcreto S.A., entre otras.

En cuanto al fallo que obliga al cobro de la millonaria multa, la presidenta del sindicato de EPM, Olga Arango, señaló que esto afectaría las finanzas que repercutirían en la situación energética del país.

“Tratar de recuperar $4.3 billones que ya está pagando la aseguradora (Mapfre), se está poniendo en riesgo todo el patrimonio de EPM representando en casi $50 billones”, explicó la líder sindical.

Por el contrario, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, en diálogo con Blu Radio desmintió sobre un posible desabastecimiento de la energía en el país.

“Hoy, en este momento, tenemos el nivel agregado de los embalses a tope, un nivel del 85 % que para esta época del año no se tenía desde hace 30 años. El sistema energético colombiano depende en 2/3 partes de la energía hidroeléctrica”, detalló Mesa.

Asimismo, el ministro señaló que en caso que se presente algún contratiempo que ponga en riesgo el servicio eléctrico del país se tomarán las decisiones pertinentes para evitarlo.

“En caso de que veamos riesgos de atraso se convocará a nueva subasta del cargo por confidencialidad para garantizar la energía”, sostuvo.

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