Emilio Tapia a la cárcel por escándalo de MinTic

Luego de poco más de un mes desde que se conociera su participación en el escándalo por la pérdida de $70.000 millones en un contrato entre el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación y la unión temporal Centros Poblados, un juez de Bogotá ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario contra Emilio Tapia y otras dos personas.

La decisión estuvo a cargo del juez 53 de control de garantías de la capital colombiana, quien resolvió que tanto el llamado Zar de la Contratación, como Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados y Juan José Laverde, de Rave Agencia de Seguros, deberán permanecer en la cárcel la Modelo mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

En ese sentido, se resolvió que Tapia deberá permanecer en el pabellón de máxima seguridad de ese centro penitenciario bajo la custodia tanto de guardianes del Inpec, como de miembros del Ejército Nacional, quienes tendrán la misión de garantizar su bienestar y de trasladarlo a todas las diligencias necesarias.

Durante la audiencia, que se extendió por más de 12 horas, el juez dio razón a los argumentos de la Fiscalía y los empleó para cuestionar tanto el accionar de Tapia y sus asociados, como el del propio Ministerio:

Lo anterior, en referencia al hecho de que Centros Poblados logró hacerse con el contrato para llevar conexión a Internet a los colegios de 15 departamentos del país empleando pólizas y garantías bancarias falsificadas.

Así, y tras repasar varias pruebas, como los documentos ficticios que indujeron al MinTIC a entregar el contrato a Centros Poblados; y una serie de chats en los que los procesados hablan de la ausencia de certificados legales y la consecución de los ilegales, el togado criticó que “en este caso donde desaparecieron $70.000 millones se afectó gravemente la educación de niños en servicios rurales. No les importó, entre comillas, dejar a la gente sin Internet, niños, personas analfabetas residentes, no se les brindó eso, entonces qué podríamos esperar a futuro”, si no se continuara con el proceso.

Igualmente, aseveró que sí hay una gravedad del hecho en cuestión, bajo la figura de coparticipación criminal, al existir una persona que maneja los hilos, que sería Tapia; un intermediario de seguros que gestionó el papeleo ilícito, que sería Laverde; y un representante legal, Duque, que firmó todos los documentos sin observar la idoneidad de los mismos.

Con todo, observó que la medida de aseguramiento en contra de los tres involucrados es de carácter preventivo, entendiendo que existe toda una jurisprudencia que indica que hay un fin constitucional al buscar evitar “la obstrucción de la justicia, como ya se ha deprecado de todas las actividades que han hecho con el fin de ocultar y destruir evidencia, manipular los testigos, ofrecerles cosas, o incluso decir que las personas que han participado en los eventos con o sin conocimiento ahora son los responsables, y no quienes se beneficiaron en realidad el anticipo”.

A continuación, desestimó argumentos de la defensa como el hecho de que el encarcelamiento se debe imponer sólo en casos excepcionales. Al respecto, explicó que este caso es, precisamente, excepcional dadas la cantidad de dinero que todavía no aparece y el número de personas afectadas: los habitantes de 15 departamentos del país.

En paralelo cuestionó la alianza de Duque y Laverde con una persona reincidente en procesos por corrupción, como lo es Tapia; ratificó que el actuar preorganizado de los tres acusados también es motivo para enviarlos a la cárcel; desestimó la renuncia del representante legal, pues la misma se dio mucho después de que se cometieran los delitos y dejó por el piso el argumento de la defensa que indica que no hubo víctimas.

Junto con esto, el juez compulsó copias para que se investigue disciplinariamente a la exsecretaria general del MinTic, Adriana Meza y a la exsubdirectora de Gestión Contractual, Sandra Orjuela Méndez, con el objetivo de determinar su participación en las irregularidades en la revisión de los documentos referentes al contrato.

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