Por tomarle fotos en un baño a una menor de edad, judicializado un soldado en el Putumayo

Al hombre se le imputaron cargos por el delito de pornografía infantil, luego de que fotografiara a la joven de 14 años sin su autorización

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Por tomarle fotos en un baño a una menor de edad, fue judicializado un soldado en el Putumayo
Por tomarle fotos en un baño a una menor de edad, fue judicializado un soldado en el Putumayo

El pasado 19 de septiembre, una menor de 14 años denunció que cuando ingresó al baño del hospital en Villagarzón (Caquetá), en donde tenía que realizarse un examen médico, vio cómo uno de los soldados que estaba resguardando el lugar entró tras ella y sacó su celular para tomarle fotos mientras ella se cambiaba. Según denunció, el hombre tenía en la mano su celular y estaba fotografiándola por debajo de la puerta.

Luego de ver lo que estaba pasando, la menor se asustó y salió del baño corriendo, allí fue cuando vio cómo el hombre salía antes que ella. Tras lo sucedido la menor le informó de lo sucedido a su tía, quien al parecer, confrontó al uniformado y le arrebató el celular. Uniformados de la Policía Nacional, que llegaron al lugar de los hechos, lo capturaron y le incautaron su celular.

Ambas mujeres hicieron la denuncia de lo sucedido ante las autoridades pertinentes y tras la petición e investigación de la Fiscalía se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra del hombre de 39 años, quien es soldado activo del Ejército en Putumayo.

Los hechos siguen en materia de investigación y así establecer si ya había habido otras víctimas de este tipo de violencia por parte del soldado.

Las denuncias se incrementaron después de que una subcomisión parlamentaria presentó en febrero pasado un informe sobre abusos sexuales y maltrato físico y psicológico a decenas de menores en al menos 14 albergues desde 2015. EFE/Bienvenido Velasco
Las denuncias se incrementaron después de que una subcomisión parlamentaria presentó en febrero pasado un informe sobre abusos sexuales y maltrato físico y psicológico a decenas de menores en al menos 14 albergues desde 2015. EFE/Bienvenido Velasco

Explotación sexual infantil en Colombia:

Según la Fiscalía, del 2020 al primer trimestre de 2021, 1917 niños niñas y adolescentes han sido víctimas de explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes, el 48.46% son víctimas de pornografía infantil, seguida por el delito de demanda de explotación sexual comercial con un 16,58% y utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con un 14.9%.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la recesión causada por el covid-19 ha impactado directamente en el riesgo de ocurrencia en los delitos de ESCNNA por el incremento de menores de edad con necesidades económicas y conflictos familiares derivados de la actual crisis, factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes de personas y explotadores sexuales quienes, según investigaciones, adelantan estos crímenes preferiblemente en ciudades que gozan de reconocimiento turístico, cultural e histórico, como es el caso de Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali.

Ante las alarmantes cifras de aumento de casos de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en los últimos meses, la senadora Nadia Ble, perteneciente al Partido Conservador,l presentó este martes ante la Comisión Séptima del Senado una proposición con el fin de citar a un debate de control político a diferentes entidades del Estado para evaluar la implementación de las medidas adoptadas en la lucha contra la explotación sexual.

“Es doloroso ver cómo durante esta cuarentena los casos de explotación sexual han ido en aumento. Así como esas redes de explotación sexual no descansan, los organismos del Estado que tienen la responsabilidad de velar por la protección y seguridad de nuestros niños tampoco deben descansar”, indicó la senadora Blel.

Para la Senadora, es necesario y urgente que las entidades a cargo de la protección de los derechos de los niños y adolescentes entreguen un informe no solo sobre las acciones que han adelantado para garantizar la protección de los menores ante estos delitos, sino además se reporte cuál ha sido la efectividad penal del Estado frente a las denuncias realizadas y qué medidas han tomado para combatir las modalidades virtuales de estos delitos -como la pornografía infantil o la facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales- los cuales se han disparado durante la pandemia.

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