Tres funcionarios del Ministerio TIC a juicio disciplinario en la Procuraduría por contrato con Centros Poblados

El ente de control formuló pliego de cargos a funcionarios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por contrato de centros digitales

Edificio Murillo Toro, sede del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Bogotá
Edificio Murillo Toro, sede del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Bogotá

Tres funcionarios que participaron en la adjudicación y celebración del contrato para la construcción de más de siete mil centros digitales con la Unión Temporal Centros Poblados, serán investigadas por la Procuraduría. El ente de control buscará establecer responsabilidades en las irregularidades del contrato de aporte 1043 del 18 diciembre de 2020.

El Ministerio Público confirmó que formuló pliego de cargos y ordenó el inicio de procedimiento verbal disciplinario en contra de los funcionarios del Ministerio: Adriana Vanessa Meza Consuegra, secretaria general; Sandra Orjuela Méndez, subdirectora de Gestión Contractual, y Camilo Alberto Jiménez Santofimio, director de Infraestructura.

Así mismo, en el proceso fueron citados dos miembros de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque Torres, representante legal, quien se encuentra detenido por la Fiscalía; Paola Andrea Izquierdo Rivera, representante convencional del Consorcio “PE 2020 C Digitales”,, quien ejerce la interventoría del contrato en mención.

La Procuraduría investiga a Meza Consuegra, secretaria general de MinTIC, por su presunta responsabilidad disciplinaria en la comisión de falta gravísima por que habría desconocido los principios de economía, transparencia, responsabilidad y selección objetiva que rigen la contratación estatal, en la licitación.

“Algunas de sus presuntas acciones reprochables fueron: abrir la licitación través de la Resolución 719 del 23 de septiembre de 2020, adjudicar la región B de este proceso de selección a la UT Centros Poblados Colombia 2020, mediante la Resolución 1138 del 9 de diciembre de 2020 y celebrar con esta misma el contrato de aporte 1043 del 18 de diciembre de 2020, con estudios previos insuficientes y pliegos de condiciones carentes de reglas objetivas y completas”, señaló el Ministerio Público.

Según la Procuraduría, las conclusiones, recomendaciones y observaciones técnicas, financieras y jurídicas fueron modificadas, luego de que el estructurador del proceso las formulara, quien había sido contratado por el FonTIC por 2 mil millones de pesos. Además, esas modificaciones no habrían contado con los estudios y análisis suficientes.

Jiménez Santofimio, quien es el director de infraestructura y supervisor del contrato en el Ministerio, sería quien permitió esas modificaciones de las conclusiones, recomendaciones y observaciones dispuestas por el consultor, sin mediar los estudios para sustentarla.

En el caso de Orjuela Méndez, subdirectora de gestión contractual del MinTIC, es señalada de incurrir en irregularidades de la etapa precontractual “al desconocer los principios de selección objetiva, economía y responsabilidad, al habilitar, mediante evaluación jurídica, la propuesta presentada por la Unión Temporal “Centros Poblados Colombia 2020”, pese a que, al parecer, no cumplía con los requisitos exigidos en el numeral 8.3. de los pliegos de condiciones, toda vez que con su propuesta presentó garantía bancaria de seriedad de la misma, sin que esta hubiese sido expedida realmente por el Banco Itaú CorpBanca Colombia S.A, como lo aseveró el licitante en la oferta que presentó a la entidad contratante el 28 de octubre de 20202, señaló la Procuraduría.

Duque Torres, por su parte, es señalado de falsificar las garantías bancarias suscritas por él y presentadas para obtener el anticipo de 70.000 millones de pesos que buscan las autoridades. Se trata de uno de los documentos que el banco Itaú aseguró que no había emitido y dio inicio a la caducidad y liquidación del contrato con la UT Centros Poblados.

Paola Andrea Izquierdo Rivera, por su parte, tendrá que rendir declaración ante la Procuraduría porque su responsabilidad disciplinaria se vería comprometida al no haber verificado ni validado el cumplimiento de los requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario del 26 de marzo del 2021, en el que se dio aprobación para que el contratista utilizara los recursos del anticipo.

No verificó, ni garantizó la correcta citación al Banco ITAÚ al comité, porque de haberlo hecho, se habría evidenciado la falsedad de la que adolecía la garantía bancaria, antes del desembolso del valor del anticipo por parte del FonTIC”, señaló el Ministerio Público.

Aún no se ha definido la fecha de audiencia, que se hará después de notificar a las partes. Cada uno podrá acudir con un abogado defensor.

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