Gobierno busca tumbar la Ley de Garantías a menos de un año de las elecciones de 2022

Hay polémica por la propuesta que presentó el Ministerio de Hacienda ante el Congreso a través del proyecto de ley que define el Presupuesto General de la Nación para el próximo año

En la foto: José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. (Colprensa - Camila Díaz)
En la foto: José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. (Colprensa - Camila Díaz)

El Gobierno nacional busca nuevamente tumbar la Ley de Garantías, en esta ocasión, a través del proyecto de ley que se discute en el Congreso para aprobar el Presupuesto General de la Nación para el 2022.

Según lo conoció La W Radio, el Ministerio de Hacienda incluyó en el texto varios artículos polémicos, entre ellos, uno que elimina el artículo 38 de la ley 996 de 2005.

Ese artículo en mención es que el que ordena a gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, no celebrar durante los cuatro meses anteriores a las elecciones, contratos o convenios con recursos públicos.

En el proyecto del presupuesto, se lee el artículo que propone el gobierno así: “a partir de la publicación de la ley, suspéndase el inciso primero del artículo 38 de la ley 996 de 2005 y, en consecuencia, las entidades del orden nacional y territorial podrán celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos”.

Tomado de La W.
Tomado de La W.

La argumentación de buscar tumbar la Ley de Garantías con miras a las elecciones de 2022, es que los contratos estatales son una herramienta para seguir avanzando en la reactivación económica tras la pandemia del covid-19. Así se lo dijo el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, a la emisora. El funcionario agregó que lo que se busca también, es activar recursos públicos para ejecutar proyectos relacionados con temas como infraestructura, vivienda, obras sociales, agua y saneamiento básico entre otros.

Por supuesto, esta noticia generó reacciones en redes sociales. El periodista, Félix de Bedout, aseguró: “Si el Congreso tumba la Ley de Garantías, antes de las elecciones, lo que se viene es la más grande operación de compra de votos en la historia del país”.

No es el primer intento del Gobierno de Iván Duque en quitar la Ley de Garantías, en octubre de 2018, cuando llevaba meses en el cargo, el presidente pidió modificar la ley.

“Miremos cómo les quitamos ese obstáculo a muchos alcaldes y gobernadores que por la Ley de Garantías terminan dejando de ejecutar muchas obras que se necesitan para la comunidad antes de entregar su periodo”, expuso.

Más reciente aún, es que el partido de gobierno, el Centro Democrático, el pasado 24 de marzo radicó ante el Congreso un proyecto de ley para eliminar la Ley de Garantías.

“La suma de las restricciones contempladas en la citada ley ha significado, en la práctica, un bloqueo en la gestión administrativa y financiera de departamentos y municipios por un término equivalente a un 25% del periodo de los mandatarios”, aseguraron los ponentes.

Tanto la senadora Paola Holguín como el representante a la Cámara por Antioquia Juan Espinal, consideraron que esa ley ya no tiene sentido, pues ya no existe la figura de la reelección presidencial y las disposiciones ya se encuentran reguladas en otras normas

Sin embargo, este mismo partido fue el que se opuso cuando en el gobierno de Juan Manuel Santos también se buscó eliminar esa norma.

“Eliminar la Ley de Garantías es una trampa de los malos perdedores para poder asegurar victorias fraudulentas”, dijo en 2015 el expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe.

José Manuel Restrepo, el pasado 31 de agosto dijo que el Presupuesto General para 2022, el último para el gobierno de Iván Duque, ha sido uno de los más complejos de ejecutar.

El presupuesto de la Nación para el próximo año se determinó en $309,4 billones. Sobre esto, el ministro dijo que el Gobierno nacional logró responder al desafió de la pandemia y ya se puede hablar de una reactivación y un ajuste pequeño del déficit fiscal en 1,6 puntos del PIB, algo que sostuvo que “no era una tarea sencilla”.

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