Así ha sido el enfrentamiento entre los indígenas Pijaos y las petroleras en el Tolima

Una larga disputa han llevado integrantes de la comunidad indígena Pijao contra la petrolera Hocol. Recientemente, se conoció que al largo conflicto se le suma la decisión de una jueza de Ortega, en el Tolima, que dejó sin efecto la orden de desalojo que se había impartido por parte de una inspectora de la policía municipal, sobre los 15 indígenas que permanecen allí, en aquella zona, a modo de protesta, para defender el territorio de las acciones de aquella compañía de hidrocarburos. El fallo de la jueza resuelve que los derechos fundamentales de la comunidad fueron vulnerados por la inspectora, pues, la funcionaría habría accedido a las pretensiones de la empresa sin tener en cuenta las garantías de los indígenas asentados allí.

Esta decisión fue consecuente a la petición de los 15 indígenas que, previamente, habían formulado que la inspectora que había ordenado su desalojo no tenía una visión imparcial sobre el caso, pues, al parecer, estaba inclinada a favorecer a la compañía. La comunidad formuló una recusación en donde dejaron en evidencia que la funcionaria estaría a impedida en tomar el caso pues, tal y como lo mencionaron antes, la empresa sería la favorecida a causa de su posición dirigida a favor de esta. La jueza dijo que la inspectora no dio el trámite debido a esta recusación, por lo que no tuvo en cuenta los motivos que a señalaban para que se declarara impedida.

Según la explicación de la autoridad, la funcionaria tuvo que haber suspendido la audiencia y remitir el expediente a su superior, es decir, el alcalde municipal de Ortega, quien sería el encargado de decidir sobre la recusación impuesta por los 15 indígenas. A esto se le suma que, para el momento de la audiencia, la vocería de los pijaos había estado desprotegida, pues, ni siquiera tuvieron la representación de un abogado.

Este lío se remonta a años atrás. Fue en 2015 cuando los campos petroleros de esa población pasaron a ser manejados por una Hocol, según a explicación entregada por la compañía, para garantizar a estabilidad de la actividad a largo plazo. La decisión generó malestar entre las comunidades indígenas, quienes manifestaron temer al incumplimiento de acuerdos con esta modificación.

Para expresar su inconformidad, se levantaron en protestas para evitar que funcionarios de Ecopetrol, empresa de la que es filial Hocol, entraran a los campos petroleros Toy, Santa Rita y Toldado. Con estos actos, pretendieron hablar directamente con representantes de la petrolera para conocer las nuevas condiciones. La organización, por esos días, aclaró que sostendría los compromisos que se tenían con la comunidad respecto a empleabilidad y demás condiciones.

Las quejas sobre la petrolera, sin embargo, no se han detenido. Con una asamblea permanente, a la que denominaron Gran Minga Indígena en la Zona Petrolera, que se mantiene desde hace cinco años, las poblaciones indígenas han buscado la manera de detener la exploración de sus tierras por parte de la compañía. Julián Viña, defensor de DDHH, aseguró, para Contagio Radio, que los ciudadanos se sienten abandonados por el gobierno nacional. Desde la llegada de la petrolera, se han denunciado diferentes tipos de daño, desde contaminación en las fuentes hídricas, y deforestación, hasta constante contaminación auditiva y malos olores.

“Llevamos más de cuatro años y hemos asistido a muchas reuniones y siempre llegamos a lo mismo (…) nunca han hecho una sanción real contra la empresa frente a las gravísimas afectaciones. Estoy seguro que todas las comunidades están contaminadas de metales pesados y la gente lo esta evidenciando”, recalcó Julián Viña que, además, manifestó, a principios de este mes de septiembre para esa emisora, que “la procuradora les dijo que tenia que levantar para conversar o entraban a desalojarlos, los van a desalojar de sus propios territorios, los van a desplazar”.

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