Exalcalde de Mocoa y funcionarios de su administración deberán responder por más de $2.000 millones mal ejecutados

El dinero debía haberse utilizado para la atención en salud de los mocoanos, pero fueron girados a favor de terceros en Nariño mediante transferencias electrónicas

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En medio de los procesos de control que realiza la Contraloría General de la República se hallaron irregularidades en el manejo de recursos públicos en Mocoa (Putumayo). La información fue revelada este 10 de agosto por la entidad, que detalla que la situación se presentó en 2011, cuando Mario Luis Narváez Gómez fungía como alcalde del mencionado municipio. Ahora, el exmandatario, junto a Ever Clemente Ruiz, quien era el tesorero local en esa época, y otros ciudadanos, deberán responder por las anomalías detectadas.

Según la Contraloría, los recursos mal manejados ascienden a los 2.178 millones de pesos y hacían parte del Sistema General de Participaciones (SGP). El dinero debía haberse utilizado para la atención en salud de los mocoanos, pero fueron girados a favor de una empresa de servicios aduaneros con sede en Ipiales y una Fundación ubicada en Tumaco (Nariño) mediante transferencias electrónicas.

“A través de la gerencia departamental de Putumayo, la Contraloría General de la República profirió dos fallos con responsabilidad fiscal por valor de 2.178 millones de pesos, que ya se encuentran debidamente ejecutoriados. Dentro del trámite de los procesos, se logró demostrar la responsabilidad fiscal de los exfuncionarios (Narvaez y Ruiz) y otros comprometidos en la realización de varias transferencias electrónicas desde cuentas bancarias del municipio de Mocoa”, se lee en un comunicado de prensa emitido por la Contraloría.

El órgano de control resaltó que los pagos a terceros no tenían ningún vínculo contractual con ese ente territorial y las organizaciones beneficiadas ni siquiera estaban dentro del sector salud, que era lo que debía asegurarse.

Así mismo, se detalló que esta información es conocida ahora ya que apenas se terminó una auditoría que realizó en su momento la Contraloría General de la República a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGR). Los hallazgos fueron trasladados entonces a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, dando pie a las respectivas investigaciones de carácter penal y disciplinario.

Ahora que concluyó el proceso, la Contraloría determinó que el exalcalde Narvaez y el extesorero Ruiz, junto a la interventora del Régimen Subsidiado de Salud de Mocoa para la época, sean quienes respondan por las irregularidades. Esto, teniendo en cuenta que ellos tres eran quienes tenían a cargo el manejo de la cuenta bancaria municipal.

Según la Contraloría, la forma de reparar el daño es reintegrar todo el dinero que se transfirió a terceros.

“Al ser declarados fiscales, los entonces alcalde y tesorero municipal de Mocoa, que tenían a su cargo el manejo de la correspondiente cuenta bancaria, y la interventora del Régimen Subsidiado de Salud del Municipio de Mocoa para la época, deberán reintegrarle al tesoro público los recursos que se transfirieron sin que la comunidad de Mocoa obtuviera algún beneficio”, dijo el órgano estatal.

La Contraloría ha estado siguiendo de cerca la distribución de los recursos en Mocoa durante años pasados. De hecho, en estas labores de control, el organismo encontró que hay grandes retrasos en la reconstrucción de las viviendas de los afectados por el desbordamiento del río Mocoa, Mulato y Sangoyaco que sucedió el 1 de abril de 2017.

“En el marco del seguimiento que viene desarrollando la Contraloría General al proceso de reconstrucción de Mocoa, Putumayo, se realizó visita a las obras de mitigación que se vienen adelantado para la protección del casco urbano de la capital del departamento. El equipo intersectorial de la entidad evidenció importantes retrasos en las obras de la parte alta y media del río Mulato para garantizar el buen funcionamiento y estabilidad en las obras que se realizan en la parte baja del cauce”, dijo Luis Fernando Mejía, contralor delegado para el Sector de Infraestructura, el pasado 29 de julio.

El Gobierno nacional se había comprometido a construir y entregar 100 casas en septiembre, pero de esa cifra solo estarían listas 72. El resto de las estructuras se entregarían en diciembre. El problema estaría concretamente en el proyecto de vivienda urbana Sauces II, pues la Contraloría advierte que es “una obra que no se ve y que muestra un claro incumplimiento de los compromisos adquiridos en esta materia”.

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